El TSJ suspende por ahora la entrega de 13 millones de euros de la Diputación a la Generalitat

Este fondo aprobado por el Consell obliga a las diputaciones provinciales a aportar una cantidad de dinero en función de la población. En este caso, a la Diputación Provincial de Alicante le correspondería aportar 13,4 millones de euros en el próximo ejercicio. La Generalitat repartiría entre los municipios este montante de la población más habitada a la menos.

Desde la Diputación Provincial, sin embargo, entienden que el Fondo de Cooperación Local es un atentado a la autonomía de la institución. Los servicios jurídicos de la institución elevaron un recurso al TSJCV contra este acuerdo. Solicitaron medidas cautelares, es decir, que se destuviera el acuerdo hasta que el tribunal emita un fallo.

Ni la Diputación de Valencia ni la de Castellón, ambas gobernadas por el PSPV, han pleiteado contra esta resolución.

Este viernes, el Alto Tribunal valenciano le ha dado la razón a la Diputación Provincial y no tendrá que aportar ninguna cantidad a la Generalitat. Por el momento.

Sin entrar en el fondo del asunto, que será objeto de sentencia en su momento, la Sala entiende que «procede la suspensión cautelar de los apartados 5º y 6º del acuerdo de 17 de junio de la Generalitat por el que se aprueba el Plan de Financiación Básica del Fondo de Cooperación Municipal», en lo relativo a la Diputación de Alicante, «a fin de evitar perjuicios de difícil reparación a la demandante en caso de que finalmente se estimara su recurso».

El Tribunal señala en los fundamentos jurídicos del auto que la aportación exigida a la Diputación alicantina «desaprovecha de manera irremediable la política de gastos ya prevista o diseñada para el ejercicio 2023 en favor de los municipios» de esta provincia.

Esos municipios, añaden los magistrados, se verán «perjudicados» como consecuencia de la citada exigencia «por no recibir ese cambio de destino de tales recursos, dañando las competencias y funciones genuinas de la Diputación de soporte a las necesidades financieras de los municipios de la provincia, en particular, para los de menores recursos económicos e impidiéndole el ejercicio de sus deberes de auxilio económico».

«No se puede aceptar que tales perjuicios admitan reparación por cuanto que dado lo avanzado de la elaboración del presupuesto del 2023, cuando nos encontramos a finales del ejercicio de 2022, teniendo en cuenta las exigencia del acuerdo impugnado de 17-6-2022, esa aportación habría de detraerse de los presupuestos del 2023 para atender las necesidades del Fondo, impidiendo, si no se adoptase la medida cautelar, que los ayuntamientos reciban la financiación prevista y necesaria para sufragar los servicios de asistencia a sus ciudadanos», concluye la Sala.