El Supremo, en situación «crítica» por el bloqueo del CGPJ: 30% de vacantes y 1.230 sentencias menos

Por segunda vez desde que se aprobó la norma impulsada por PSOE y Unidas Podemos, la Sala de Gobierno del Supremo ha acordado por unanimidad insistir al CGPJ que haga presión al Congreso y al Senado en la búsqueda de una salida para revertir esta importante crisis organizativa y funcional.

La imposibilidad legal de que se cubran las vacantes de magistrados ha provocado que actualmente permanecen sin cubrir 19 plazas de una plantilla total de 79 (un 24% del total), debido a la jubilación forzosa a los 72 años o las bajas definitivas por enfermedad de los jueces salientes. Una cifra que se incrementará en los próximos meses de este año si persiste el bloqueo del CGPJ hasta sumar 24 vacantes, lo que representará un 30% de la plantilla, casi uno de cada tres magistrados.

Los números fueron trasladados a la Sala de Gobierno por el director del Gabinete Técnico del Supremo, el tribunal donde se concreta el impacto en la actividad de cada una de las cinco salas. Por ello, el órgano presidido de forma interina por Francisco Marín Castán, sustituto del dimitido Carlos Lesmes, considera necesario que el Parlamento establezca un «remedio inmediato de este estado de cosas y promueva cualesquiera otras iniciativas a fin de impedir que empeore».

La estimación es que solo en 2023 en las dos salas más afectadas por las vacantes, Social y Contencioso-Administrativo, se dictarán unas 1.230 sentencias menos: 570 en la primera y 660 en la segunda, respectivamente. Una situación que supone «un grave perjuicio para el justiciable» y que provocará el retraso en miles de resoluciones, que abocaría al «colapso» de ambas salas si no se toman ya cartas en el asunto desde las Cortes Generales.

De hecho, ante la «situación crítica» en que se encuentran actualmente la Sala de lo Social, con cinco vacantes en una plantilla de trece magistrados, y la de lo Contencioso-Administrativo, con diez vacantes en una plantilla de 33, el Supremo reclama en su acuerdo la dotación urgente de 15 plazas de letrado del Gabinete Técnico, con retribución de coordinador y para ser cubiertas preferentemente por magistrados, reza el acuerdo difundido este miércoles.

Respecto a las peticiones de magistrados para el Gabinete Técnico, el informe subraya que apoyarían a las salas en las fases de decisión, donde se genera el cuello de botella más relevante, para elaborar bajo la supervisión de los ponentes los borradores de sentencias de índole repetitiva o con jurisprudencia estable y consolidada.

El informe aprobado resume que, a fecha de este mes, el alto tribunal debe contar por previsión legal con un presidente y 79 magistrados, y se encuentra sin presidente titular y con un total de 19 vacantes de magistrados, distribuidas así: dos en la Sala Primera (Civil), diez en la Sala Tercera (Contencioso), cinco en la Sala Cuarta (Social) y dos en la Sala Quinta (Militar).

Respecto a la Sala de lo Civil, con tres vacantes en marzo de una plantilla de diez plazas, el documento plantea la «absoluta necesidad» de prorrogar las medidas de refuerzo vigentes: cuatro letrados en el Gabinete Técnico y cinco coordinadores en fase de decisión.

Según concluye el informe, «con una situación de la que el Supremo no es en ningún caso causante, sino víctima directa, se hace necesario articular algún sistema que permita superar las dificultades existentes y resolver los recursos en plazos razonables, para no causar mayores perjuicios a los ciudadanos, que confían en la Justicia y esperan la resolución de sus pretensiones sin dilaciones indebidas».