UGT, USO y el Sindicato Independiente de Comunicación y Difusión han anunciado que presentarán dos demandas contra la modificación de los estatutos sociales de la Corporación RTVE en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y en lo Mercantil antes de este viernes. Una vez se ... tramiten estas demandas, sumarán una tercera.
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Estos sindicatos consideran que la modificación de los estatutos de la corporación que se aprobó el pasado 5 de octubre por la junta general extraordinaria y universal de accionistas y por el Consejo de Ministros celebrado el día anterior contraviene varios artículos de la ley de 2006 que regula la radio y la televisión de titularidad estatal. Por ello, en la vía administrativa los sindicatos han anunciado que solicitarán la adopción de medidas cautelares. De esta manera, a través de un comunicado, los demandantes reclaman a la presidenta interina, Elena Sánchez, así como al consejo de administración de la corporación pública, «prudencia en sus actuaciones» porque, advierten, «pueden incurrir en responsabilidades civiles o penales por los acuerdos o funciones que asuman» hasta el momento en que haya una presidencia del grupo de comunicación público elegida por el Congreso de los Diputados.
Asimismo, sugieren que, mientras esto no tenga lugar, mientras no sea el Parlamento el que escoja la presidencia del ente, «dada la ilegalidad que pretendemos demostrar en los juzgados», se establezca una presidencia rotatoria en el consejo de administración.
La modificación en los estatutos sociales que aprobó el Consejo de Ministros a principios del pasado mes de octubre implicaba la redefinición de las funciones de la nueva presidenta interina del consejo de administración de la corporación, Elena Sánchez, y además le proporcionaba poderes ejecutivos para desempeñar su cargo. Tal y como informó la propia RTVE, Sánchez, con esta reforma de los estatutos, contaría con unas competencias que no podría haber asumido con la redacción anterior de los estatutos.
Elena Sánchez fue designada presidenta provisional de la Corporación de RTVE el pasado 27 de septiembre, después de que el día anterior José Manuel Pérez Tornero anunciara su dimisión por la pérdida de confianza en su gestión mostrada por el PSOE y Unidas Podemos. El nombramiento de Sánchez obtuvo el respaldo de los representantes de PSOE, Unidas Podemos y el PNV en la corporación pública.
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La renuncia al cargo de Pérez Tornero desató una gran tormenta política. Fuentes de Podemos transmitieron ese día de su dimisión que el expresidente de la Corporación «fue elegido por PSOE y Podemos y se puso a las órdenes del PP»; por ello, valoraron que era una «buena noticia» que se fuera de la televisión pública «después del daño que ha hecho». Aunque el portavoz socialista, Patxi López, ciñó la decisión de Pérez Tornero a lo estrictamente personal.
Por su parte, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó contra el Gobierno al calificar la renuncia de Pérez Tornero como «obligatoria dimisión» y al enmarcarla dentro de la que tachó como «toma de las instituciones por parte del Gobierno». El popular recordó que el nombramiento de Pérez Tornero respondía a un acuerdo parlamentario que alcanzaron los grandes partidos en 2021, por lo que afeó al Ejecutivo que rompiera el pacto.
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Los sindicatos que presentarán las demandas a los juzgados han informado de que registrarán copias de los documentos para entregárselos a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y al consejo de administración de la corporación audiovisual pública.
El Partido Popular, a través de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ya calificó de «auténtico escándalo» el cambio de los estatutos de RTVE aprobado por el Gobierno.
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