Sánchez da largas a cambiar la ley del 'solo sí es sí' y dilata la crisis por la rebaja de penas

El proceso al que aludió Sánchez puede demorarse por un tiempo indefinido. Varios juristas apuntan que es difícil que el asunto sea recurrido en casación al Tribunal Supremo. Aunque en algún caso concreto sí existen vías, hacerlo puede demorarse uno o dos años. Y los tribunales superiores de justicia tampoco parecen una opción válida para fijar un criterio para todo el país.

Entre tanto, los expertos vaticinan, como ya hizo en su momento el Consejo General del Poder Judicial en su informe sobre el anteproyecto de ley, una cascada de revisiones en sentido similar a las que ya están causando alarma social y contrario al inicialmente pretendido por quienes elaboraron la norma.

La posibilidad de una circular de la Fiscalía que fije un criterio común tampoco parece estar, por ahora, en la mente de su máximo responsable. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya se pronunció el martes sobre la cuestión y avisó de que el Ministerio Público «emitirá sus informes, pero con arreglo al caso concreto». «Es un delito tan específico en el que las circunstancias del hecho y del autor influyen tanto en la determinación de las penas, como después en el comportamiento o en la vida penitenciaria, que es difícil hacer una cuestión general de todo esto», remarcó.

Un nuevo cambio legislativo no impediría, como ha subrayado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que los jueces siguieran aplicando en sus revisiones la actual legislación si consideran que es más beneficiosa para el reo. Es un principio general del Derecho Penal. «Una ley que se echa para atrás para agravar las penas no soluciona nada», insistió la exdiputada de Podemos. Lo que sí podría intentar garantizar son, sin embargo, penas más duras para casos futuros. O dicho de otro modo, que se cumplan los objetivos que supuestamente se pretendían con la Ley de garantía integral de la libertad sexual (el nombre real de la norma). Sánchez los recordó ayer: «La voluntad del poder ejecutivo –adujo– fue reforzar la seguridad de las mujeres identificando cualquier tipo de delito sexual como agresión para que haya penas más agravadas».

Rosell, como la propia ministra de Igualdad, se niega a admitir, no obstante, que el problema radique en un texto sobre cuya calidad técnica siempre sobrevolaron algunas dudas. Alegan que son los jueces, a los que acusan de tener criterios «machistas», quienes no la están aplicando bien. Una interpretación que les valió ayer el reproche no solo del CGPJ sino de la asociación progresista de Jueces y Juezas por la Democracia, de la que fue portavoz la propia delegada del Gobierno.

Sánchez también se desmarcó de las acusaciones de sus socios al Poder Judicial y en su comparecencia tras la reunión del G-20 se mostró convencido de que los tribunales tienen «la sensibilidad» que requiere el abordaje de «tipos de delitos tan graves». Sin embargo, evitó alimentar el discurso que la víspera había puesto en circulación la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, sobre la necesidad de acometer una revisión de la norma. Una línea que, por cierto, continuó ayer la ministra de Educación, Pilar Alegría. «Si hubiera que revisar una ley para conseguir claramente su objetivo, y hablo más como portavoz del PSOE –matizó–, se tendrá que hacer».

El martes, también el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, había incidido en la revisión de la norma. «Hay algo que no funciona. Estudiémoslo y arreglémoslo», dijo. Más tajante aún, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtió, en alusión a Podemos, que «la soberbia ideológica» no es solución y recomendó que se aborde un cambio «cuanto antes».

No es la primera vez que el presidente del Gobierno contiene a su partido en una cuestión relacionada con Igualdad para contemporizar con Podemos. La ley del 'solo sí es sí' inauguró los choques entre los socios de coalición en 2020. Los morados querían llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros en coincidencia con la celebración del 8-M. La vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro de Justicia Juan Carlos Campo intentaron impedirlo advirtiendo de sus deficiencias técnicas. También entonces llovieron las acusaciones de machismo contra el ala socialista del Ejecutivo. Sánchez intervino y Montero ganó la batalla.

Esta vez hay, no obstante, una diferencia. Al contrario de Pablo Iglesias, la vicepresidenta Yolanda Díaz no respalda la posición de la ministra de Igualdad y se muestra más próxima a la posición de los socialistas.