Los políticos juegan sus cartas en la endiablada partida en la que se ha convertido el Trasvase Tajo-Segura. Cada uno tira para su lado de la cuerda, con el futuro de la provincia de Alicante en medio. No solo entre socialistas y populares, enemigos ... electorales, sino también entre propios compañeros de partido entre territorios como el valenciano Ximo Puig y el castellano-manchego Emiliano García Page.
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La Junta de Castilla-La Mancha ha subido las apuestas tras pedirle este miércoles al Gobierno que adelante el hachazo al Trasvase Tajo-Segura para este verano y se olvide del año de demora en el incremento de caudales ecológicos. Pero el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también sabe jugar a este nivel. Este mismo jueves ha asegurado que la posición del Consell es «defender los intereses de España, no solo de la Comunitat Valenciana».
Puig ha puesto encima de la mesa los «miles de puestos de trabajo que están en juego ahora mismo» por el recorte del Trasvase, 15.000 según las estimaciones de la Universidad de Alicante, «afectan a la economía de España, no solo de la Comunitat Valenciana». Para que se lo piense Pedro Sánchez y Teresa Ribera su próximo movimiento, si hace caso a Page o no.
La Generalitat Valenciana ha sido la primera administración que ha presentado un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Supremo contra el Real Decreto con el nuevo plan de cuenca del Tajo, que aumenta el caudal ecológico de 6 a 8 hectómetros cúbicos y que deja casi inútil la Tubería hasta Alicante, Murcia y Almería.
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José Vicente Pérez Pardo
El jefe del Consell pretende moverse entre dos aguas. Ha asegurado que la Generalitat «no está en el espacio de la confrontación, donde sí están otros», no se sabe si en referencia a los populares o a su propio compañero de partido. «Las guerra del agua solo traen barro», reitera como un mantra.
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La interposición de este recurso «es lo normal en un Estado de Derecho», por tanto, Puig no entiende que se «extradimensione o se le ponga un altavoz» a un asunto que considera «legítimo» en democracia. Recuerda «las 42 veces» que la Generalitat ha interpuesto recursos contra decisiones relativas al Trasvase, como los recortes en los desembalses y otras decisiones ministeriales.
Puig pretende mantenerse «en un espacio de diálogo» y rechaza la confrontación, a pesar de que cada vez más se abren frentes. Ha logrado cerrar el de los regantes con la reunión del martes en el Palau de la Generalitat. Pero le ha salido otro por la izquierda.
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El de la derecha, el del Partido Popular lo tiene controlado: «El PP solo usa el tema del agua como activo electoral», ha acusado al presidente Carlos Mazón. Ha asegurado que los populares «no han hecho nada cuando tenían mayoría absoluta», obviando el Memorándum firmado por cinco comunidades autónomas, incluída Castilla-La Mancha, y que ponía fin a la primera 'guerra del agua'.
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