Sánchez asume que las reformas del Código Penal son «arriesgadas», pero «no hay otro camino»

Sánchez aprovechó su paso por la capital catalana para apoyar al candidato del PSC a la alcadía, Jaume Collboni, y preparar el terreno para lo que vendrá en los próximas días cuando concluya la interlocución con Esquerra. «Es una decisión política de primer nivel rescatar a Cataluña de la crispación para devolverla a la convivencia», justificó, consciente del enorme riesgo político que supone retocar la malversación a cinco meses de las elecciones autonómicas y municipales. «Vale la pena, no quiero que volváis a vivir los días tan aciagos y tan tristes de 2017», dijo, el presidente ante los 2.500 asistentes que abarrotaron el Palacio de Congresos, incluida la plana mayor del PSC.

Los republicanos quieren que la malversación no sea aplicable a la organización del referéndum del 1-O distinguiendo cuando se produce ánimo de lucro y cuando no para anular las condenas de los cabecillas del 'procés' y acelerar la vuelta a la primera línea política de su líder Oriol Junqueras. El Gobierno acepta de entrada esa distinción que supone deshacer la reforma que ejecutó el PP en 2015 (pensando entonces en la consulta del 9-N) pero añadirá que también se considere malversación el «desvío presupuestario irregular» para que no queden despenalizados los comportamientos del los dirigentes soberanistas.

Este nuevo tipo de malversación, que recoge la propuesta que el PSOE y Unidas Podemos registrarán este lunes en el Congreso, penaliza esta conducta con hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación. En la práctica, eso supondría rebajar el castigo máximo aplicable que ahora está fijada en seis años de prisión y diez de inhabilitación (doce en los supuestos más graves). El Ejecutivo considera que así ninguna actuación que suponga un desvío de fondos públicos quedará exento de castigo. «Hay que apostar por sacar la política de los juzgados y devolverla al terreno de la convivencia», insistió Sánchez.

La intención de socialistas y morados de enmendar la propuesta de ERC no minó los ánimos en las filas republicanas. «Queremos eliminar aquello que se introdujo para perseguirnos», aseveró el presidente de la formación. Y es que, según Junqueras, el delito de malversación en la causa contra los líderes soberanistas por la organización del referéndum ilegal se introdujo con el fin de poder perseguirlos, pero este nunca se cometió. «Por eso queremos que se reforme», incidió en Catalunya Radio.

El presidente de Esquerra se reafirmó igualmente en el deseo de su partido de «rebajar y hacer desaparecer» este delito en aquellos casos en los que no haya enriquecimiento personal aunque reconoció que su capacidad de negociación es limitada y reclamó al resto de fuerzas independentistas que sumen esfuerzos para que estas conversaciones no sean «un punto y final».

Sánchez aprovechó su intervención en Barcelona para comparar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con su predecesor y responder a su petición de adelanto electoral que se desayunó este domingo. «Estaría bien que empezaran por reconocer el resultado de las últimas», dijo el líder socialista, para, a continuación, arremeter contra «el discurso catastrofista de la derecha y la extrema derecha». «No han asumido –señaló– que perdieron las elecciones, ellos están con sus desvaríos y nosotros con las soluciones».

El presidente sacó pecho sobre la actuación del Gobierno en materia económica y social en los últimos años y anunció que el tercer paquete que preparan con el fin de contrarrestar las consecuencias socioeconómicas de la guerra de Ucrania incorporará mecanismos para «contener la evolución de los precios de los alimentos». La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya explicó la semana pasada que su partido está negociando con el PSOE nuevas medidas para hacer frente al encarecimiento de los alimentos y de las hipotecas, en el marco de la prórroga del decreto anticrisis que expira el 31 de diciembre.