Sánchez asume la exigencia de máximos de ERC al suprimir la sedición y agrieta el PSOE

Que el líder del PSOE había protagonizado un giro de 180 grados en su postura hacia el independentismo tras ser investido presidente en enero de 2020 con la gravosa abstención de Esquerra, era ya sabido. El mismo dirigente político que dos años antes había prometido una reforma para que acontecimientos similares pudieran ser juzgados como rebelión, el delito aplicable a los golpes de Estado, y que tan solo dos meses antes, en campaña electoral, había hablado de volver a tipificar la convocatoria de referendos ilegales, pasó de la noche a la mañana a decir que el delito de sedición era algo obsoleto y que había que «homologar» el Código Penal a las «democracias más avanzadas», un eufemismo para defender la rebaja de penas.

No obstante, pese a ese cambio radical de discurso, en el Ejecutivo siempre se aseguró que no se dejaría desprotegido al Estado frente a un nuevo intento de declarar unilaterlamente la independencia. «Habría que tipificarun tipo de delito para atentados a la Constitución o la integridad territorial de España», aseveraban algunos de los principales asesores del presidente en la cuestión catalana hace tan solo unas semanas. En lugar de eso, lo que propone la reforma -articulada por Sánchez como proposición de ley para poder acelerar la tramitación y sosayar los informes del Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial- es que actos como los que impulsaron Carles Puigdemont u Oriol Junqueras pasen a ser considerados como un mero delito de «desórdenes públicos agravados».

El cambio implicará que el Supremo tenga que revisar a la baja las condenas que impuso en octubre de 2019 por el 'procés' y beneficiará tanto a los dirigentes del indultados en julio de 2021 pero sobre los que todavía pesan penas de inhabilitación para el ejercicio del cargo público, como Junqueras -que quizá prodría presentarse ya a las próximas elecciones-, como a quienes permanecen huidos de la justicia, en caso de regresen a España para ser juzgados, como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont o la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

El nuevo delito no solo fijará penas de cárcel muy inferiores a las atribuibles hoy a la sedición(castigada con entre ocho y quince años de cárcel). Incluso rebaja las que, según el Código Penal vigente, corresponderían a la autoridad pública que se prevaliera de su condición para cometer, precisamente, el delito de desórdenes públicos que ya aparece recogido en el artículo 557 y 557 bis. Si este establece hasta seis años de prisión, la reforma planteada por los partidos de la coalición gubernamental llega a un máximo de cinco, con entre seis y ocho años de inhabilitación.

El propósito de los socialistas es ahora tramitar la norma por la vía de urgencia. Según los cálculos de la dirección del grupo parlamentario, podrá estar ya publicada en el BOE antes de que acabe el año. Las prisas pretenden amortiguar un coste político que se da por descontado a poco más de seis meses de las autonómicas y municiapales de mayo.

En el Gobierno creen que una vez hecha, la reforma quedará amortizada como ha ocurrido, dicen, con los indultos. En línea con lo planteado por Sánchez el jueves en 'La Sexta', el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, argumentó este viernes que se están tomando medidas «valientes» en pos de la «convivencia» y se mostró convencido de que sus votantes acabarán entendiendo que su formación es la que «más ha hecho por la unidad de España». Es la tesis a la que se abonan la mayor parte de los dirigentes territoriales socialistas, a los que este viernes apeló el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo en una comparecencia en la que también prometió recuperar el delito de sedición si llega a la Moncloa. Solo los críticos habituales, Emiliano García- Page y Javier Lambán, dejaron clara su discrepancia.

El presidente de Castilla -La Mancha mostró sus dudas de que el paso dado por Sánchez sirva a la convivencia. «Ojalá, pero si ese es el objetivo me temo que el camino no pasa por asumir las soluciones que proponen quienes quieren romper», advirtió. Page adujo que, si hay que pactar medidas para afrontar «el intento de quebrar la Constitución en una operación planificada» preferiría que fuera con quienes la defienden pero cuestionó que haya que modificar nada antes de que Puigdemont pueda ser juzgado e ironizó con que «en plena escalada de los precios lo único que se va abaratar es el ataque a la Constitución». En todo caso, se mostró esperanzado en que sus votantes no le castiguen por una decisión que saben que no le compete.

El presidente de Aragón, por su parte, defendió que lo ocurrido hace cinco años fue «gravísimo» y que las sentencias de los tribunales -que después el Gobierno ha intentado corregir primero con los indultos y ahora con esta reforma- «calibraron perfectamente lo que había pasado». Y añadió: «Yo no soy la marioneta de nadie». Mucho más ambiguo y contemporizador, el extremeño Guillermo Fernández Vara argumentó que aunque no le guste «nada de lo que le guste al independentismo», hay que reconocer que con este Gobierno «lo que se ha roto es el independentismo y el 'procés'».