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Marina Polo Baile / E.P.
Alicante
Viernes, 9 de agosto 2024
El trasvase Tajo-Segura ha vuelto a desencadenar un nuevo choque entre el Consell y el Gobierno central, más concretamente con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha afirmado este viernes que «la ministra amenaza a la Comunitat Valenciana con seguir perpetrando recortes en el trasvase Tajo-Segura, lo que perjudica gravemente a los regantes y a los más de 30 municipios de la provincia de Alicante que se abastecen de agua de este».
Así se ha manifestado Barrachina tras conocer la respuesta de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España a la carta enviada hace unos días por los representantes de las comunidades autónomas de Murcia, Andalucía, Madrid y Comunitat Valenciana. En esta se solicitaba la creación de una comisión técnica entre las autonomías y el Gobierno de España para analizar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
El conseller ha argumentado que «de nuevo el Gobierno se niega a llegar a acuerdos técnicos como ha estado ocurriendo hasta ahora con los 26 recortes que se han hecho al trasvase Tajo-Segura y de los cuales no hemos conocido los informes que los avalan».
«No podemos permitir que los 100 hm3 que el Gobierno de España ha negado a los regantes de Alicante y Murcia se hayan ido a Portugal para no ser utilizados», ha recordado.
Barrachina ha manifestado que la ministra Ribera «amenaza con perpetrar nuevos recortes pese a que su propio ministerio, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ha decretado la situación de extrema sequía ».
Por su parte, la ministra Ribera, ha respondido que contar con caudales ecológicos en el trasvase Tajo-Segura es una «obligación» y que «no cabe hablar» de incrementos del mismo, debido a la normativa estatal y europea y a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo.
La ministra señala que no le cabe «ninguna duda que el Gobierno de España contará con la cooperación, sin perjuicios ni reservas, de los gobiernos autonómicos» de estas comunidades «en el escrupuloso cumplimiento de la Ley y acatamiento de las decisiones judiciales, en lo que atañe a una correcta y adecuada gestión hidrológica en el conjunto del territorio».
Así, recuerda que la norma establece que «toda transferencia se basará en los principios de garantía de las demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamientos de la cuenca cedente, incluidas las restricciones medioambientales, sin que pueda verse limitado el desarrollo amparándose en la previsión de transferencias».
«No cabe, por tanto, hablar de incrementos sino de determinación obligatoria de los mismos ejecutando las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo», remarca la ministra, antes de añadir que fue precisamente la ausencia de dichos caudales en la planificación anterior la que determinó la nulidad de los apartados correspondientes del Plan Hidrológico del Tajo 2015-2021.
Por último, ha resaltado que, más allá del procedimiento de consulta pública ordinaria previsto, se ha atendido la petición de recibir todas las aportaciones técnicas de las comunidades autónomas, para su valoración a la hora de desarrollar las previsiones.
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