El Gobierno aplaca las voces a favor de retocar ya la ley del 'solo el sí es sí'

Retocar el texto que entró en vigor el pasado 7 de octubre, como hace unos días volvieron a sugerir el expresidente Felipe González y el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig o como este mismo sábado apuntó incluso la ministra de Defensa y juez de profesión, Margarita Robles, bestia negra de Podemos, aumentaría en varios grados una tensión que ya roza máximos entre el PSOE y sus socios de coalición. Esa es, según asumen en su partido, la razón por la que Pedro Sánchez se resiste a hacerlo y, al menos de momento, se muestra dispuesto a aguantar el desgaste del continuo goteo de revisiones judiciales, que ha dejado ya en libertad a 13 condenados por agresión sexual y rebajado las penas de otros 47.

En Moncloa defienden que, pese a la alarma producida por esas revisiones, la ley es positiva para el objetivo que perseguía, la protección "integral" de las mujeres, y que hay que dejar tiempo para que pueda desplegar todos sus efectos. "Es importante que no perdamos la perspectiva -argumentó este miércoles la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros-; es una ley que va mucho más allá de lo que tiene que ver con la reforma penal, que protege también a quienes no denuncian y que aborda cuestiones que van desde la educación a una atención personalizada de la víctima".

En las filas socialistas son muchos los que temen que la falta de respuesta a un problema no previsto pero generado por la propia ley les acabe pasando factura, pero los últimos sondeos privados conocidos esta semana han infundido cierta tranquilidad en el Ejecutivo. "¿Desgaste, qué desgaste?", replican con ironía en el núcleo duro del Gobierno en alusión a estudios publicados por 'El Mundo' o 'El País', en los que se apunta a una caída en intención de voto del PP y a un cierta estabilización del PSOE suficiente incluso para permitirle gobernar con sus actuales alianzas parlamentarias. "La gente sabe que es una ley protectora que quizá baje las penas en algunos supuestos pero las aumenta en otros", añaden.

Oficialmente, en realidad, desde el ala socialista del Gobierno no se emite un no rotundo a retocar la ley, pero todo apunta a que el plan es simplemente esperar a que amaine. Sánchez optó por cerrar en seco el debate cuando, hace tres semanas, estalló la crisis, Podemos y sus ministras cargaron contra los jueces y desde el PSOE se abrió la puerta a volver a legislar sobre el asunto. El presidente defendió las bondades de la norma y pidió esperar a que la Fiscalía y los tribunales "unificaran doctrina".

Aunque en un primer momento advirtió de las dificultades de plantear criterios generales, la Fiscalía acabó saliendo al rescate del Gobierno con un decreto que instaba a mantener las penas impuestas siempre que se encontraran dentro de las horquillas de la nueva ley, pero lo importante es la decisión de los tribunales que son los que, en última instancia, aplican la legislación (y los que están obligados a hacerlo conforme al texto más beneficioso para el reo).

La resolución del Supremo en el caso de la Arandina fue, en ese sentido, un varapalo para el jefe del Ejecutivo. Pero en Moncloa aducen ahora que el alto tribunal se refirió a "un caso concreto" y que es pronto para dar nada por sentado. "Estamos viendo si es posible una unificación de doctrina. Pero teniendo en cuenta la prioridad del Gobierno que es la protección de las víctimas", reiteró la portavoz.

En principio, bastan dos sentencias del alto tribunal en la misma dirección para que los tribunales inferiores consideren que ya existe una jurisprudencia por la que guiarse. Pero en el Ejecutivo no aclaran cuántas creen necesarias para decidir si es preciso o no actuar.