El recurso del Consell al Tajo-Segura provoca la 'guerra del agua' con Castilla-La Mancha

«Defenderemos, ahora y siempre, los intereses de los regantes de la Comunitat Valenciana», ha declarado Ximo Puig en Castellón sobre la posición de la Generalitat en torno a la continuidad del Trasvase. En término políticos, la presentación del recurso ya tenido sus primeras consecuencias a nivel interno, de partido, y entre adminsitraciones socialistas: el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page, ha convocado una reunión extraordinaria de su gobierno.

Puig quiere desentenderse de las llamadas 'guerras del agua' «que solo traen barro», se ha cansado de decir. Pero parece inevitable un choque entre administraciones y, en otro aspecto, entre 'barones' socialistas.

Aquí cada uno mira por sus intereses particulares. Page, en su tierra, y Puig, en la suya. Hasta ahora, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, siempre ha apostado por disminuir las transferencias de caudales a la cuenca del Segura aumentando el caudal ecológico del Tajo. Una postura en consonancia con las peticiones de Castilla-La Mancha. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desentendido de esta cuestión y ha dejado hacer a su vicepresidenta tercera.

Visto por imposible el diálogo, Puig ha optado por una postura de fuerza. No cabía más opción. La provincia de Alicante necesita el agua para su sustento. En palabras del presidente, «el agua es un elemento clave para la economía» de la provincia, al que no puede renunciar. Por tanto, «el Trasvase es irrenunciable».

Puede consultar el recurso de la Generalitat Valenciana al completo.

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«Queremos agua para siempre y segura; que dé certidumbre» a los agricultores alicantinos. Mucho se ha cuidado Puig de tenerlos a su lado. Este mismo martes les reunía en el Palau de la Generalitat en un cierre de filas en torno al Consell y a su propia figura. A dos meses de elecciones, muchos votos se escapan por la Tubería, que el PSPV quiere taponar.

En el ámbito jurídico, la Generalitat reclamará la suspensión cautelar del decreto del Gobierno ante el «daño irreversible» que supone el aumento de caudales y, por tanto, la disminución de las transferencias. Se calcula que 105 hectómetros cúbicos al año, con una pérdida global superior a los 5.000 millones de euros.

Puig indica que «los agricultores han hecho un esfuerzo de regeneración, depuración y reutilización» de caudales, «ahora también de desalinización». Sin embargo, no han tenido contrapartidas del Gobierno. «No se entiende una actualización» de los caudales ecológicos como ha hecho el Ministerio, ha venido a decir el jefe del Consell.

La Abogacía de la Generalitat se lanza directamente en su recurso contra la disposición adicional nueve, que es la que marca los nuevos caudales ecológicos, realizados «sin criterio técnico». Asume las tesis de los agricultores.