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Valencia
Martes, 17 de diciembre 2024, 17:33
La Fiscalía ha informado a favor de que se abra una investigación sobre la gestión de la Generalitat Valenciana y la posible responsabilidad de su presidente, Carlos Mazón, en la DANA del 29 de octubre. Así se ha pronunciado el ministerio público en el informe solicitado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre los recursos presentados..
La Generalitat, por su parte, recalca que la Fiscalía «ni atribuye ni señala ninguna conducta concreta» contra el presidente de la Comunidad Valenciana en la gestión de la dana y por ese motivo el Ministerio Público pide que la investigación se mantenga en un juzgado ordinario.,señalan fuentes del Consell.
La Sala ha acumulado en la misma causa las siete denuncias y querellas interpuestas hasta el pasado viernes 13 de diciembre contra Carlos Mazón por la gestión de la DANA al considerar que tratan «sobre los mismos hechos». La resolución judicial aboca la decisión sobre la causa al pleno de la Sala de lo Civil y Penal, integrado por la presidenta de la propia Sala y del TSJCV, Pilar de la Oliva, y por otros cuatro magistrados.
Hay, hasta el momento, siete querellas y denuncias formuladas contra Mazón por la gestión de la DANA: la primera, formulada por Iustitia Europea; dos de CGT; dos presentadas por abogados y dos más de particulares. Además, se archivó otra anónima que no llevaba nombre ni designaba abogado ni procurador.
En cuanto a la vía penal en los Juzgados de Instrucción, está pendiente de resolución, por parte de la Audiencia Provincial, una cuestión de competencias suscitada entre las instancias número 15 y 20 de la ciudad de Valencia. Será la Audiencia de Valencia quien resuelva sobre a qué instancia le corresponde la instrucción.
Y también constaba a mediados de noviembre una querella interpuesta por la organización Hazte Oír contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, recaída en el Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia, que la ha inadmitido por un defecto formal, al no presentar un poder especial sino general. En este caso, según explicó en su día el TSJCV, la querella está inadmitida por defecto procesal subsanable relativo al apoderamiento, una decisión que fue recurrida por la parte querellante.
Además, por vía contencioso-administrativa, el alto tribunal valenciano tiene registrado otro recurso presentado por un abogado por inacción contra la Presidencia de la Generalitat Valenciana y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).
En este último caso, el recurso estaba a finales de noviembre admitido a trámite y en tramitación y, conforme al artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, se mandó oficio a la Administración demandada para que remitiera los expedientes administrativos.
En otro recurso por esta misma vía, con solicitud de medidas cautelarísimas contra la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana, interpuesto por Liberum, la Sección Cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV se declaró no competente para resolverlo por ir dirigido contra el Gobierno central, por lo que se inhibió en favor de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
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