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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que los «hechos» son que hay un auto de la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que imputa a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario de Emergencias, Emilio Argüeso. A pesar del documento judicial, entiende que «de momento no hay novedad» para cambiar de posición sobre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. No obstante, ha pedido dejar que «las cosas transcurran y sigamos atentos a los hechos».
Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en el Congreso -tras reunirse con el presidente del Gobierno en Moncloa para hablar sobre el gasto en defensa- al ser preguntado expresamente si ha hablado estos últimos días con Carlos Mazón, tras el auto de la jueza y si cree que debe seguir al frente del Gobierno valenciano.
Aunque Feijóo ha arrancado su respuesta ante los periodistas asegurando que éste «no es el tema de hoy», ha asegurado que a él no le gusta «cambiar de opinión ni cada 15 minutos ni cada semana». Por eso, ha pedido dejar que «las cosas transcurran» y seguir «atentos a los hechos».
En este punto, ha subrayado que en el auto de la jueza -en el que se cuestiona la gestión de la Generalitat al subrayar que «correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población- »se imputa« a la exconsejera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso. »Esos son los hechos. Por consiguiente, la forma es la garantía de las cosas. Todo en su momento y, de momento no hay ninguna novedad que me haga cambiar de posición, la posición que ustedes conocen«, ha zanjado Feijóo.
De esta forma, el líder del PP ha verbalizado públicamente la posición que esta semana han manifestado otros miembros de la dirección del partido, como el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, o la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz. «Nada ha cambiado», ha sido el mensaje que han repetido.
«Nosotros respetamos los procedimientos judiciales, nosotros no acusamos de 'lawfare' a todos aquellos jueces que hacen su trabajo con libertad, como hace el Gobierno de España», dijo este miércoles Muñoz, que recalcó que «lo que lastra la estabilidad» y «la credibilidad de las instituciones» en España es «tener a un fiscal general del Estado imputado» y «que se ha descubierto que borraba pruebas».
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