A. Azpiroz | M. E. Alonso
Viernes, 9 de diciembre 2022, 12:38
El PP y Vox salieron este viernes en tromba a denunciar la «deriva autoritaria» del Ejecutivo y anunciaron que llevarán al Tribunal Constitucional las controvertidas reformas legales que permiten a Pedro Sánchez acelerar los nombramientos en el tribunal de garantías y contentar a sus ... socios independentistas con la remodelación del delito de malversación. «El Gobierno recrudece contrarreloj sus ataques a las instituciones y al Estado de derecho», censuró en Twitter el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
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El jefe de la oposición denunció que el presidente del Gobierno trata de aprovechar el último año de mandato que le resta a la presente legislatura para cobrar ventaja de cara a unas elecciones generales que, en cualquier caso, lo populares ya se dan ganadas de antemano. «Asusta pensar hasta dónde puede llegar Sánchez -aseveró- en un final de año en el que todo vale».
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Feijóo advirtió que su partido recurrirá hasta las últimas consecuencias las intenciones del Gobierno de coalición y sus socios parlamentarios, tanto en el Tribunal Constitucional como ante las autoridades de la Unión Europea. También afirmó que en cuanto llegue a la Moncloa derogará «todas aquellas medidas que desprotejan al Estado» y volverá a «tipificar como delito la sedición y cualquier forma de corrupción».
«Es un mercadeo», lamentó, por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien considera que, tras «entregar el Código Penal a aquellos de quien depende y copar el Constitucional de exministros y altos cargos», Sánchez es «capaz de absolutamente cualquier cosa» por seguir en la Moncloa.
Los populares han presentado sus propias enmiendas parciales destinadas a «fortalecer el estado de derecho», según explicó Gamarra, en las que proponen la tipificación de referéndum ilegal y recuperar el delito de sedición como está en estos momentos.
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También se pronunció sobre la última maniobra legislativa de Sánchez el vicesecretario Institucional del partido, Esteban González Pons, que llegó a equiparar el caso con el reciente intento de golpe de Estado en Perú. "Creo que Sánchez va a nombrar a sus dos magistrados del Constitucional por decreto-ley. En el mismo paquete irán: eliminación de sedición a los golpistas, rebaja a los corruptos como la de los violadores, y asalto al TC para meter magistrados colegas. ¿Qué decíamos del Perú?", escribió en redes sociales.
Santiago Abascal denunció «el asalto a las instituciones del autócrata Sánchez», que, dijo, «se acelera, con el apoyo de sus socios separatistas». «Amnistía de golpistas y corruptos y golpe al artículo 159.3 CE para asaltar el TC con sus cómplices», escribió en su cuenta de Twitter.
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Según anunció el presidente de Vox, su partido acudirá al Tribunal Constitucional. Es una medida por la que ya ha apostado durante los últimos tres años en numerosas ocasiones. En el caso del estado de alarma decretado a causa de la pandemia el tribunal de garantías ya dio la razón a los de Abascal.
En el ámbito político, el líder de Vox anunció que iniciará conversaciones para fijar un candidato neutral de cara a una moción de censura y lograr una convocatoria inmediata de elecciones. Los números en escaños del Congreso no solo se quedan cortos, sino que además el PP rehuye hasta el momento este mecanismo parlamentario.
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Ciudadanos también reclama una moción de censura por muy poco éxito que vaya a deparar. De hecho, Inés Arrimadas y Santiago Abascal reconocen haber mantenido contactos las últimas semanas para presentarla. Ese candidato neutral al que señala el líder de Vox podría ser uno de los frutos de las conversaciones, que podría servir de palanca para empujar al PP a presentarla. «Sánchez está dando un autogolpe a la democracia española desde el poder, desde el Gobierno de España. Ya no es un presidente del Gobierno, es un aprendiz de dictador al que tenemos que, con fuerza, pararle los pies democráticamente», señaló este viernes Arrimadas para justificar la necesidad de la censura.
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