La presidenta del Grupo Popular en Les Corts, Eva Ortiz, ha anunciado que el PP aportará tanto a la Justicia y a la Junta de Contratación del Estado las últimas informaciones sobre la multa quepuso el Tribunal de la Competencia a las empresas del hermano de Puig por pactar precios para presentarse a un concurso para las corresponsalías de À Punt.
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha ratificado la sanción de 16.801 euros a la productora de Francis Puig por vulnerar la competencia.
Eva Ortiz ha asegurado que «el TSJ nos vuelve a dar la razón y deja muy claro que actúan como un cártel». Ha aseverado que «todas estas nuevas informaciones vienen a reafirmar lo que siempre hemos denunciado de que se trataba de un entramado de empresas destinado a cazar subvenciones del Consell de Puig y a optar a contratos públicos de la administración que preside el hermano del imputado Francis Puig».
La diputada popular ha avisado a Puig que «en el caso de su hermano, el tiempo y los hechos van poniendo a cada uno en su sitio. Las excusas ya no valen. Está quedando perfectamente claro que se trata de un conglomerado de empresas cuyo único objetivo era optar a las cuantas más subvenciones y más contratos público sabiendo que tenían impunidad y que no hacía falta ni siquiera hacer bien las cosas».
«Puig debe de dar explicaciones contundentes, asumir responsabilidades y, si no tiene nada que esconder como se cansa de decir, que aporte y colabore con el juzgado entregando la documentación que se le solicitó hace más de un año», ha asegurado.
La presidenta del Grupo Popular en Les Corts ha afirmado que «una vez el contencioso administrativo por la multa de competencia se ha resuelto es el momento de que la Junta de Contratación de Estado vuelva a activar el expediente y se resuelva si estas empresas del cártel del hermano Puig puede contratar o no con las administraciones públicas».
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Eva Ortiz ha recordado que «a pesar de estar imputados, las empresas del hermano de Puig han seguido recibiendo subvenciones del Consell que preside su hermano. No hay ningún tipo de pudor por ninguna de las dos partes. Además, en ningún caso y pasar de reconocer en sede judicial que las justificaciones de las subvenciones no estaban bien hechas, el Consell de Puig no ha pedido el reintegro de ninguna de las subvenciones».
«Queremos llegar al fondo de asunto conocer toda la verdad y saber que ha pasado con el dinero de los valencianos. Las empresas no pueden llegar final de mes, pero empresas imputadas y que reconocen que non gastan bien el dinero público de todos, siguen recibiendo subvenciones públicas y todo porque son las empresas del hermano del President Puig».
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