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Domingo, 13 de noviembre 2022, 18:19
El Govern y ERC se han quedado solos en el campo independentista en defensa de los cambios legales pactados con Pedro Sánchez. Tanto Junts como la CUP se han desmarcado, pero también lo han hecho las plataformas nacionalistas. La ANC ya hace tiempo que está ... en guerra contra Esquerra, pero en cambio Òmnium Cultural, que está alineada con los republicanos, en esta ocasión también ha cargado contra la modificación legal.
La política hace extraños compañeros de cama. Ha ocurrido con la reforma del Código Penal, que ha situado en el mismo lugar de la trinchera a Vox y a la ANC, que han convocado sendas manifestaciones en Barcelona para protestar contra el acuerdo alcanzado por el Gobierno y el Govern para suprimir el delito de sedición y reemplazarlo por el de desórdenes públicos agravados.
ERC llamó este domingo a la responsabilidad de los actores del secesionismo para sumarse al apoyo parlamentario en la tramitación del Código Penal. ERC ve «incomprensible» y «absurdo» que los que fueron sus socios e invistieron a Pere Aragonès hace año y medio ahora no respalden la supresión del delito por el que fueron condenados los líderes del 'procés'.
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Hay mucho de tacticismo político. Tanto Junts como la CUP temen que ERC se apunte el tanto de la reforma legal y le sirva a Aragonès para consolidarse y seguir apartándose de la senda unilateral. Junteros y anticapitalistas llevan meses arremetiendo contra la mesa de diálogo, la principal apuesta de la legislatura de Pere Aragonès, y reconocer algún avance supondría admitir que la vía del diálogo puede dar frutos. Les sirve para marcar perfil propio y decir que todo lo que no sea negociar la amnistía o la autodeterminación es ceder ante el Gobierno.
«El 'a por ellos' está a punto de entrar oficialmente en el Código Penal», afirmó este domingo el secretario general de Junts, Jordi Turull. En el entorno del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, califican el acuerdo alcanzado por ERC como una «traición» hacia el movimiento independentista. La CUP y Òmnium se oponen porque consideran que la ampliación del delito de desórdenes públicos es un «paso adelante en la persecución del derecho a la protesta y la criminalización de la disidencia política». El pacto para la modificación legal «transforma el 1-O y las movilizaciones en delito», argumenta la ANC.
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