El Defensor acusa a Marlaska de deportaciones ilegales y masivas tras la tragedia de Melilla

De acuerdo al informe del Defensor, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska violó reiteradamente la ley con esas deportaciones masivas, efectuadas de forma paralela al dramático salto de hace casi cuatro meses del paso de Barrio Chino en Nador. Esta cifra de deportados exprés que ofrece la institución casi quintuplica el número oficial reconocido Interior, que hasta ahora aseguraba que solo se había 'rechazado en frontera' a 101 subsaharianos, exclusivamente los que quedaron atrapadas entre las dos vallas del perímetro.

La oficina que dirige Gabilondo asegura que todavía sigue investigando las muertes por aplastamiento de los 'sin papeles' y la actuación de las fuerzas de seguridad a ambos lados de la frontera durante aquel 'viernes negro' en el que tuvo lugar la mayor tragedia migratoria terrestre de la historia reciente de España. No obstante, a la espera de esas conclusiones sobre las circunstancia de las muertes y tras analizar la documentación recibida por parte del Gobierno, zanja que Interior «efectuó un rechazo en frontera de 470 personas sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales» para estos casos.

Se da la circunstancia de que el PSOE, en la oposición, llegó a recurrir ante el Constitucional estas deportaciones exprés y se comprometió a prohibirlas si llegaba a la Moncloa. Sin embargo, no se tiene constancia de que nunca antes se haya procedido a una expulsión sumaria tan masiva como la que ha revelado ahora el Defensor del Pueblo sobre el violento salto a la valla melillense de junio.

Interior, que fue informado por el Defensor de estas conclusiones preliminares antes de hacerlas públicas, se apresuró ayer a negar tajantemente estas acusaciones. «Todos los rechazos en frontera que se produjeron el pasado 24 de junio en el perímetro fronterizo entre Melilla y Nador se realizaron dentro de la más estricta legalidad», afirmó en un comunicado la oficina de prensa del ministro. Un documento en el que, además, la Administración asegura que tras aquel sangriento salto «todas las solicitudes de protección internacional cursadas por las personas que accedieron a territorio nacional se están tramitando por los cauces legalmente establecidos en procedimientos con todas las garantías».

El Ministerio del Interior, tras el duro varapalo del Defensor del Pueblo, no abundó sobre el recurso a la violencia atribuida a los subsaharianos, aunque recordó que 50 funcionarios españoles resultaron heridos. Interior se limitó a señalar que «las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado van a seguir cumpliendo como hasta ahora con su misión de proteger las fronteras de España y de la Unión Europea frente a asaltos violentos».

Más allá de las explicaciones de Interior, la oficina de Gabilondo se vio en la necesidad de recordar al departamento de Grande-Marlaska que el propio Tribunal Constitucional ya ha establecido que el «rechazo en frontera ha de tener en cuenta la aplicación a las entradas individualizadas, pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales». Unas garantías que, entiende el Defensor, no operaron el 24 de junio.

De hecho, las imágenes de aquella jornada revelan que agentes de las fuerzas marroquíes pasaron la valla para colaborar con los funcionarios españoles en la deportación 'instantánea' de las decenas de subsaharianos que fueron apresados en las verjas. Interior y su titular, a pesar de esas imágenes, han venido negando taxativamente que los uniformados del país vecino entraran en territorio español. El Defensor ha solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad «la remisión de más imágenes» del perímetro fronterizo «que podrían ayudar a aclarar algunos extremos» de la tragedia.