El exjuez que conspiró contra Victoria Rosell ingresa en prisión antes de ser detenido

El que fuera magistrado de la Audiencia de Las Palmas fue castigado por delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental por conspirar contra su compañera Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, a la que debe indemnizar con 60.000 euros. Alba ha tratado de aplazar con todas las triquiñuelas posibles su encarcelamiento 11 meses después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena.

Como magistrado expulsado de la carrera, este jurista cordobés de 52 años deberá cumplir su pena en alguna de las prisiones habilitadas con zonas de seguridad para internos de su perfil profesional: Estremera (Madrid), Sevilla I, Castellón II, Monterroso (Lugo) y Logroño, aunque podía presentarse de forma voluntaria en la cárcel que eligiese.

Su esposa Teresa Lorenzo, letrada de la Administración de Justicia, había manifestado que Alba tenía previsto acudir este martes a partir de las 15.00 horas a una prisión si previamente su situación no cambiaba, porque el matrimonio sostenía que el plazo voluntario que le dieron el jueves pasado a las 17.35 horas no había expirado aún, si se computaba como ellos creían que debía hacerse.

En estos días, la defensa de Alba ha presentado una batería de alegaciones y una nueva recusación para tratar de frenar su entrada en la cárcel: el viernes alegó defectos en la tramitación de este incidente contra otra magistrada. Un recusación que, en realidad, ni se admitió a trámite por haber sido presentado fuera de plazo. También planteó cuestiones como solicitar su indulto -fue denegado- para suspender la ejecución de la condena o registrar un aplazamiento de la entrada en prisión por razones de salud, que también fue desestimado tras la valoración de los forenses.

La última bala la gastó este domingo, cuando intentó apartar de la ejecución de su condena al presidente del TSJC, José Luis Lorenzo Bragado. En tres autos que llevan la fecha de este lunes, pero que fueron notificados a las partes hoy, la Sala de lo Civil y Penal rechazó de plano todos los intentos del abogado de Alba, Nicolás González-Cuellar.

De la nueva recusación del presidente del TSJC, dice la Sala que es "extemporánea" (presentada fuera de plazo), "claramente temeraria" y que incurre en un "manifiesto abuso de derecho". En ese incidente, la defensa de Alba acusó a Lorenzo Bragado de haber demostrado "una prisa inusitada" por ejecutar la condena, aunque es firme desde hace casi un año.

Tras recibir la notificación a manos de la Policía para su ingreso en prisión, el exmagistrado respondió a preguntas del periódico Canarias 7 que no le constaba que se hubiese resuelto la recusación que planteó contra el presidente del TSJC, por lo que sostuvo que el auto había sido “dictado por un juez incompetente”. “A mí me ha requerido el ingreso en prisión un juez que está recusado. Es ilegal sí o sí”, subrayó .

Se refirió también a su estado de salud. Pidió la suspensión de la entrada en prisión pero, además, insistió en que no tendría que ser definitiva, sino temporal en base a exámenes periódicos: «Planteé esa suspensión temporal y no ha resuelto nada sobre ese asunto», denunció.

La causa que ha llevado al juez a prisión comenzó a escribirse en 2015, cuando Victoria Rosell encabezó la lista de Podemos en Las Palmas para las elecciones generales, siendo elegida diputada. En 2016, el exministro popular José Manuel Soria, su contrincante político en Canarias, presentó una querella contra ella por un caso que había dirigido como juez, que fue admitida por el Tribunal Supremo en su condición de aforada. Esta resolución provocó la dimisión de Rosell en cumplimiento con el código ético de su formación. Pero en diciembre de ese año el procedimiento se archivó por falta de indicios.

Lejos de cerrarse este asunto, esta querella recogió datos que solo podía conocer el sustituto en su juzgado -Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria- cuando se fue a la política en octubre de 2015. Era Salvador Alba. Este fue acusado de dar instrucciones al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, para perjudicar a Rosell. En concreto, la Fiscalía acusó a Alba de orientar la declaración de Ramírez en una causa que instruía en sustitución de Rosell, de modo que hiciera ver que la magistrada había retrasado su tramitación movida por intereses personales. Para ello falseó pruebas documentales.

Del mismo modo, siempre según la sentencia, Alba cometió cohecho por recibir como dádiva de sus acciones delictivas la información y documentación sobre Rosell necesaria para sus propósitos a cambio de la promesa de archivar al empresario con el que maquinó el procedimiento. Este contubernio fue grabado por Ramírez y los audios se hicieron públicos, dando inicio a esta causa que este martes acabó con Alba durmiendo su primera noche en la cárcel