La mayoría progresista del TC frena la abstención de Espejel en el recurso del aborto

Por siete votos a tres (los integrantes del bloque conservador anunciaron un voto particular), el pleno descartó que la magistrada se apartase de la deliberación del fondo recurso. La intención de Espejel era que su abstención provocase la reacción de los otros tres compañeros supuestamente afectados: el presidente Cándido Conde-Pumpido (fiscal general del Estado en 2010), Juan Carlos Campo (secretario de Estado de Justicia entonces) e Inmaculada Montalbán (vocal del Consejo General del Poder Judicial, al igual que Espejel).

Pero la treta no ha surtido efecto por varios motivos. Primero porque una reciente resolución del TC zanjó que haberse pronunciado tangencialmente en el pasado sobre una ley recurrida no es motivo suficiente para apartarse porque prima la «pluralidad» del órgano. Y en segundo lugar porque de hacerlo el pleno se quedaría con siete componentes y el quórum mínimo exigido por ley para celebrarlo son ocho.

Salvado este obstáculo, la intención era avanzar en el debate de fondo y avalar prácticamente la totalidad de la ley de plazos de 2010, cuya propuesta corresponde al magistrado Enrique Arnaldo, nombrado precisamente por el Grupo Parlamentario Popular en la renovación parcial de otoño de 2021. Pero esta fase se verá en el próximo pleno.

El recurso del partido entonces liderado por Mariano Rajoy, que pese a la mayoría absoluta de su primera legislatura (2011-2015) y a las promesas electorales no tocó los plazos de la norma socialista –lo que motivó la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia–, impugnó nueve artículos de la ley, entre ellos el que establece el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación siempre que se haya informado a la embarazada de los derechos y ayudas públicas de apoyo a la maternidad.

Para mayor paradoja, el pleno del TC verá la ponencia mientras las Cortes Generales dan el último paso para aprobar la actual reforma del aborto promovida por Unidas Podemos. La nueva norma del Ministerio de Igualdad revertirá el leve retoque que el PP hizo en solitario en 2015: que las embarazadas de 16 y 17 años precisan de permiso paterno para poder interrumpir el embarazo y también los tres días de reflexión antes de ratificar la intención de abortar.

Además, la ponencia de Arnaldo pone el foco sobre dos cuestiones que estima constitucionales siempre que se interpreten como propone. Se trata del aborto terapéutico, para acotar que el concepto de salud solo se refiere a la salud física o psíquica; y de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, para que abarque a todos los implicados en las actuaciones previas o posteriores a la intervención.

No obstante, la base de un acuerdo entre los bloques del TC (conservador y progresista) parece más cercana si no se entra en la cuestión del consentimiento paterno en los casos de abortos de menores de 16 y 17 años. El motivo es que, aunque era uno de los preceptos impugnados, el Gobierno de Mariano Rajoy lo derogó en 2015, con lo que el recurso de su partido habría perdido su objeto en este punto.

En cualquier caso, la ahora mayoría progresista del TC (de siete magistrados frente a cuatro) es partidaria de avalar la ley del aborto en toda su extensión. Y en caso de que no acepten el texto de Arnaldo se podría producir un cambio de ponente o que este magistrado modifique su borrador a lo manifestado por el pleno o renunciar directamente a la ponencia. El presidente Conde-Pumpido también podría retirarle del asunto para encargarlo a otro compañero.

Además, el pleno estudiará otros temas en los que se han lanzado recusaciones contra varios magistrados, sobre todo contra Campo, que en la mayoría de los casos ha optado por abstenerse, bien por su anterior cargo como ministro de Justicia, bien por tratarse de impugnaciones dirigidas contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, su pareja sentimental.

Asimismo, el tribunal de garantías decidirá si admite a trámite los recursos de Vox contra la Ley de Memoria Democrática y la Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca.