Vox saca pecho después de la declaración institucional del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la que ha anunciado un acuerdo para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat Valenciana. El grupo parlamentario no ha querido ir tan lejos como el jefe del Consell y solo ha expresado que sus diputados «se abren a negociar» las cuentas.
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Pero, tras el mensaje de Abascal, estas negociaciones van «por el buen camino». De hecho, se presentarán el jueves. Vox se congratula de que Mazón «rectifique y reconozca» que «tienen razón cuando dice basta al Pacto Verde y a las políticas que fomentan la inmigración ilegal». Este fue el motivo, recuerdan, por el que abandonaron el Consell.
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Ahora, desde fuera de las responsabilidades institucionales, plantean sus máximos para los presupuestos. Como los mandamientos, se resumen en dos: «Ni un mena más» y el «mayor recorte del gasto en cooperación al desarrollo en la historia». También para «la reconstrucción que tanto urge en las zonas devastadas económica, social y moralmente por la gota fría».
Los recortes, pues, comenzarán por la eliminación de todas las subvenciones de ONG de apoyo a inmigración ilegal. «Ni un euro para ONG de apoyo a inmigración ilegal», dicen. También piden «incorporar una partida presupuestaria para pruebas fiables de diagnóstico de edad de inmigrantes ilegales teniendo presente, además, que la Comunidad Valenciana no aceptará ni un mena más».
En materia de cooperación al desarrollo, las condiciones del partido de Abascal incluyen acometer un recorte del 40% en cooperación al desarrollo, más de 22,5 millones de euros, «que irán destinados a la reconstrucción». «Y todo el dinero que se mantenga en esta partida se orientará a programas para contener la migración ilegal y para priorizar proyectos de empresas valencianas en el extranjero», enumeran.
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Frente a lo que denominan «imposiciones verdes y a favor del campo», abogan por quitar «todas las partidas destinadas a Agenda 2030 y Desarrollo Sostenible y suprimir todas las tasas derivadas del Pacto Verde».
En materia de «libertad lingüística», reclaman «recortar de forma significativa» el presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, así como las subvenciones a la promoción del valenciano. Sobre Memoria Histórica, «suprimir todas las partidas destinadas a Memoria Histórica y mantener solo las obligatorias para identificación de cadáveres bajo el epígrafe de la nueva Ley de Concordia». Un recorte de, al menos, el 40%, puntualizan.
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En el capítulo fiscal, sus exigencias pasan por continuar con rebajas de impuestos que son el ADN de la política de Mazón desde que comenzó a presidir la Generalitat. Esto es ampliar las deducciones en impuestos y tasas de toda índole.
Con todos estos recortes en «gasto superfluo» se destinará «a ayudar a la reconstrucción y a los afectados por la gota fría». Con una aportación: «La Generalidad asumirá las sanciones de Bruselas o Madrid para la limpieza de la vegetación de los cauces e impulsará su saneamiento y adecuación», concluyen.
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