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El portavoz de Educación de Compromís en Las Cortes, Gerard Fullana, ha presentado una denuncia a la Fiscalía por el incumplimiento de la Consellería de Educación de la sentencia firme del TSJCV sobre los Acuerdos de aumento de plantillas de profesorado firmados por el Govern del Botànic con los sindicatos.
La denuncia de la coalición valencianista apela a «indicios de que los máximos responsables de la Consellería están cometiendo prevaricación administrativa y desobediencia judicial», según el comunicado remitido. Es por eso que pide que se abran diligencias de investigación al respeto por parte del Ministerio Fiscal.
Compromís remarca en su denuncia que el incumplimiento de la resolución del tribunal durante cuatro meses ha tenido «efectos irreparables en docenas de miles de alumnos». En el caso del profesorado no contratado, la presunta prevaricación y desobediencia de los altos cargos de la Consellería ha generado ya efectos en su cotización por el hecho que, al haber pasado el 31 de diciembre, no cobrarán los meses del verano por parte de la Administración. «Hay un agravio para la calidad educativa evidente, pero los presuntos delitos cometidos por la Consellería de José Antonio Rovira pueden derivar en condenas de centenares de miles de euros para la Administración», ha destacado el diputado valencianista.
Según Gerard Fullana, «han pasado demasiados meses sin que los máximos responsables de la Consellería hayan movido ni un dedo para ejecutar la sentencia del TSJCV: dotar de 1898 docentes las aulas valencianas para este curso. Esta semana tampoco se han convocado las plazas en las adjudicaciones y el conseller Rovira se está comportando como un prófugo de la justicia. Hoy continúa con su ilegalidad reincidente, por lo tanto, es hora de actuar».
«Y es que el gobierno de Mazón se cree por encima del bien y del mal y no solo ataca en la educación pública, sino que es capaz de cometer ilegalidades para recortar profesorado», ha añadido Gerard Fullana.
Desde la coalición se explica que «la decisión inicial del conseller se tomó como respuesta a la huelga educativa. Los delitos denunciados se agravian por el hecho que haya ya consecuencias sociales para los afectados y económicas para la Administración, y podrían ser motivo de penas de inhabilitación e incluso de prisión».
Fullana ha desvelado que el TSJCV emitió un auto donde se advierte de forma contundente al conseller de Educación. «No somos los únicos que hemos avisado reiteradamente a la Consellería, el mismo TSJCV, la semana pasada, obligó la Consellería a determinar, con nombres y apellidos, a los responsables del incumplimiento de la sentencia. Es muy grave».
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