El 'no' del Gobierno al referéndum de ERC choca con la incredulidad de socios y rivales

El Ejecutivo se enfrenta a un claro problema de credibilidad después de que Pedro Sánchez haya dado pasos que negó que daría o contrarios a sus promesas electorales. En 2018, poco antes de llegar a la Moncloa gracias al apoyo de los independentistas a su moción de censura contra Mariano Rajoy, dijo que impulsaría una reforma del Código Penal para que los hechos del 'procés' pudieran ser juzgados como rebelión; ya en 2019, en campaña, se comprometió a penalizar la celebración de referéndums ilegales, y en esa misma época garantizó el «integro cumplimiento» de la sentencia del 1-O. Pero no es necesario remontarse tan atrás. Hasta hace cuatro días en Moncloa negaban de manera vehemente que se estuviera negociando con Esquerra una reforma de la malversación en contra de la cual se habían manifestado no solo dirigentes socialistas críticos con el presidente sino algunos próximos a él.

Los antecedentes explican pues la actitud con la que hoy fue recibido el rechazo a una consulta sobre la independencia. La portavoz del 'Govern' catalán, Patricia Plaja, se mostró especialmente irónica: «Ha dicho no a tantas cosas, pero luego pasan otras...» , recordó. Y tanto el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra como el presidente de Castilla-La Mancha, siempre críticos ante las cesiones al independentismo se pronunciaron en un sentido similar. Tanto es así, que Page afirmó incluso que tiene intención de impulsar una iniciativa legislativa que impida la celebración de referendos ilegales como «vacuna contra cambios de opinión».

La portavoz del Gobierno evitó responder directamente a unos y otros. Hasta cuatro preguntas sobre las palabras del líder de la federación castellano-manchega, a la que ella misma pertenece, sorteó en la rueda de prensa que siguió en Moncloa al Consejo de Ministros. Lo que sí hizo, en cambio, fue reivindicar que los pasos que se han dado hasta ahora, desde los indultos a la reforma penal a la carta para los implicados en el intento de secesión de 2017, responden a uno de los «objetivos fundamentales» del Ejecutivo, que es, adujo, «recuperar la concordia y la convivencia» en Cataluña. «El tiempo además nos está dando la razón porque se ha avanzado mucho en la normalización y creo que este es un sentimiento compartido» presumió incluso. En la misma línea, Bolaños argumentó que las suyas son políticas «valientes» para «terminar la obra que supone desinflamar» el 'procés'. Pero ambos esgrimieron que ese plan tiene un límite.

«El referéndum es contrario a la Constitución y por lo tanto no se puede celebrar; y es que además -alegó en TVE el ministro de la Presidencia-, tampoco es una solución para la Cataluña del año 2022 porque es una solución absolutamente divisiva que sólo cronificaría el conflicto». Cabe recordar, no obstante, que no todos en el Ejecutivo piensan igual. Unidas Podemos lleva años defendiendo, en línea con el independentismo, que los catalanes deberían poder votar sobre la relación que desean mantener con el resto de España.

En un intento de apuntalar sus palabras, Bolaños subrayó que lo que firmaron tanto el Gobierno como la Generalitat el pasado julio, en la última reunión de la mesa de diálogo, fue (además de dar pasos hacia la «desjudicialización») que se «haría política dentro de los procedimientos democráticos» y que se buscarían «soluciones no divisivas, que no busquen la confrontación, sino que, al revés, sean transversales y busquen puentes de entendimiento». «Por eso el referéndum contrario a la Constitución en ningún caso se podrá celebrar», reiteró.

Esquerra, socio parlamentario indispensable para Pedro Sánchez, ya ha advertido, en todo, caso de que no tirará la toalla. Al contrario. el lunes mismo presentó la ponencia que llevará a su próxima conferencia política en la que dejó claro que su intención para la «segunda fase» de negociación con el Estado, conseguido el objetivo de «acabar con la represión», será alcanzar un «acuerdo de claridad» (la vía canadiense) para celebrar una consulta sobre la independencia. Su planteamiento es que si, con una participación mínima del 50%, el sí a la creación de una República catalana alcanza el 55%, el Gobierno deberá pactar los términos de la ruptura.

Plaja se mostró este martes muy optimista sobre las posibilidades de lograr su propósito y presumió de lo ya logrado. «Estamos satisfechos– se vanaglorió –; el Estado tiene menos fuerza represiva». Es justo lo que denuncia, Page, Guerra y el PP.