Bernabé confirma a la jueza parte de la versión de Pradas: «En el Cecopi no se habló del barranco del Poyo»

Día de testificales en el caso de la dana. Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno, ha llegado a la Ciudad de la Justicia de manera tranquila. No sólo porque declara como testigo -una vez salvada la amenaza de que lo hiciera como investigada- sino también por las medidas de seguridad que hoy sí han permitido un recibimiento sin la habitual nube de periodistas. Todo ha sido diferente al caos del pasado viernes con las comparecencias de los investigados Salomé Pradas y Emilio Argüeso. Esperemos que no llegue el día en el que haya que lamentar algún accidente. No hubo tumulto.

Bernabé ha comenzado a declarar a las 9.45 horas. La dirigente gubernamental ha traído una notas, una especie de apuntes de lo que ocurrió aquella fatídica jornada del 29 de octubre, desde primera hora de la mañana. El hecho de si podía o no usar esos documentos -y la consulta de las llamadas de su móvil- para su testimonio ha generado cierto debate.

La delegada ha comenzado con un amplio repaso cronológico de lo que ocurrió aquella jornada. Por ejemplo, ha señalado que ofreció a la UME a las 12.23 horas cuando se conocía ya la existencia de al menos un desaparecido. Y al menos siete horas antes de la tragedia; ocho si hacemos referencia al mensaje masivo de Es Alert. Ha consultado su móvil para recordar todas las llamadas que realizó aquel día. «Tomo nota, seguimos en contacto», le respondió Pradas a ese ofrecimiento.

La reunión del Cecopi, convocada a las 17 horas, resulta, sin duda, el momento crucial de la emergencia. Cuando tras el receso le comunican que se va a enviar un SMS por la presa de Forata, ella pidió que se ampliara a toda la provincia. «La alcaldesa de Paiporta me había llamado para decirme que se estaba ahogando gente». La consellera, según su testimonio, le dijo que eso estaba pasando también en otros sitios. Otra sorpresa de esa reunión fue el contenido del SMS. «Pensaba que iban a poner lo de subir a plantas altas». No se hizo. Un hecho que la jueza califica de «erróneo».

Llamó la atención, según Bernabé, que durante la reunión del Cecopi los participantes online, la delegada y los responsables de las respectivas agencias, vieran de espaldas a los asistentes presenciales. «No se les escuchaba bien». En un momento dado, cuando se planteó la alerta de Forata, Pradas se giró y dijo: «Evacuamos». Pero los técnicos pararon esto ante las miles de personas afectadas y el caos que aquello podía generar. «Era un riesgo vital». En ese lapso, pasadas las seis de la tarde, la delegada habló con Adif. Se decidió cortar la circulación «pese a que no teníamos ninguna indicación de la dirección de la emergencia».

El presidente de la Generalitat también contactó con la delegada. «Pero me llamó desde otro teléfono porque se le había estropeado. Y también por WhatsApp», ha comentado sobre la tarde del 29 de octubre. No se concreta la hora de esta comunicación. «Me dijo que se le había estropeado el teléfono, que le había intentado localizar la vicepresidenta primera y tercera. Pero que tenía problemas y que trasladara que estábamos en coordinación».

La Fiscalía le ha preguntado acerca de qué información recibió la delegada durante la jornada de la dana. Esta es una de las claves de una eventual acusación. Conocer si los investigados disponían de toda la información necesaria a la hora de adoptar una decisión como la del envío del mensaje.

Bernabé ha recordado que a las 9.30 horas convocó a todos los responsables. Pero ha admitido que el presidente de la CHJ, Migue Polo, no le avisó del desbordamiento del Magro. «Me enteré por los medios de comunicación». De igual modo, tampoco se constituyó lo que se considera como comité asesor, un órgano dentro del plan de Emergencias. Esto hizo que no existiera una comunicación entre los distintos organismos, ha reconocido a preguntas del fiscal.

Además, ha confirmado parte de la declaración de Salomé Pradas: «No se habló del barranco del Poyo. Todo fue con referencia a Forata». La alerta de la crecida se produce en un correo de las 18.43 horas. «A esa hora no estábamos conectados», justificó. Bernabé ha insistido en que ella trasladó la alerta de la alcaldesa sobre las 19 horas, cuando se reanudó el Cecopi. Pero para ampliar el alcance geográfico de los mensajes. En resumen, el barranco del Poyo nunca fue una preocupación real en esa reunión. Todos lo esfuerzos estaban concentrados en el riesgo de rotura de Forata.

La Fiscalía ha insistido en el papel de Miguel Polo, presidente de la CHJ, y en la información que trasladó a Bernabé. «¿Le habló el presidente de alertas en concreto?». «Las conversaciones que tuvimos fueron de municipios. No me dio datos concretos, me dijo que estaba 'en alerta' y yo entendí que estaba haciendo un seguimiento», ha indicado. Y de nuevo, a las preguntas del ministerio público ha concretado: «Durante el tiempo conectados se habló de Forata, era una situación muy compleja y de mucha tensión. Todo el recuerdo que tengo es que todo el tiempo se habló de Forata».

La delegada del Gobierno no tuvo constancia de si por parte de la UME o la Delegación de Carreteras se elaboraron informes por escrito. Tampoco hubo referencias a la lluvia en Chiva o en Buñol, si se alertó de las intensas precipitaciones en esas áreas. «No recuerdo que en algún momento se hablara de esto. Todo era referido a Utiel y Requena y luego habló Polo para explicar lo de Forata».

Bernabé ha admitido que el presidente de la CHJ tampoco le comunicó el caudal descendente del Poyo. Las mediciones anteriores al correo de las 18.43 mostraban un descenso del nivel. «Pero el que tiene una alerta hidrológica es el Centro de Emergencias que es quien tiene toda la información y puede prevenir los escenarios». Las primeras informaciones oficiales de número de muertos no llegaron hasta las cinco de la mañana del día 30. «No fuimos conscientes de la magnitud de la catástrofe hasta después».

Algunas acusaciones concentran sus esfuerzos en conocer por qué la delegada del Gobierno no pidió la declaración del nivel 3 de emergencia, una circunstancia que hubiera dado el control del dispositivo al Gobierno central.