El auto del Constitucional: la reforma exprés de Sánchez «cercenó» el pluralismo

Este miércoles, la corte difundió el histórico auto por el que suspendió, por primera vez en democracia, el refrendo en las Cortes de una iniciativa legislativa al imponerse la mayoría de seis magistrados de orientación conservadora a los cinco progresistas. A su vez, estos últimos plasman su disconformidad con una resolución que supone, a su juicio, una «injerencia» indebida en el Poder Legislativo en tres votos particulares: el que firman Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez Valcárcel; el de María Luisa Balaguer; y el de Juan Antonio Xiol, que se dará a conocer en los próximos días.

En la resolución aprobada por la mayoría el pasado 19 de diciembre, el TC se declara consciente de la necesidad de conducirse con «proporcionalidad» dado que el recurso de amparo del PP, acompañado de la solicitud de suspensión «cautelarísima» de la reforma de Sánchez, afectaba al «principio de autonomía parlamentaria y la inviolabilidad de las Cortes». Pero los magistrados oponen dos argumentos para justificar la adopción de una medida tan drástica e inusitada como vetar una votación en el Legislativo: la «especial trascendencia constitucional» y la «relevante y general repercusión social» de la reforma del Gobierno, al procurar un cambio en los mecanismos de elección del propio TC; y el hecho de que ningún poder del Estado puede creerse «inmune» ante el control de constitucionalidad.

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El auto describe cómo el PSOE y Unidas Podemos tramitaron la reforma por la vía rápida, entre el 9 y el 15 de diciembre, y cómo ello resultó «lesivo» para el derecho al ejercicio representativo de la oposición protegido por el artículo 23.2 de la Carta Magna. Y lo que es más: la mayoría conservadora del TC sostiene que «el medio, la forma y el procedimiento seguidos» -no el fondo del debate- «resultan inequívocamente desconocedores, y por ello cercenadores», de ese derecho en conexión con el del pluralismo político, «clave de bóveda del Estado democrático». En sus votos particulares, los progresistas, con matices argumentativos, discrepan radicalmente de que el TC pueda realizar un «control preventivo» de constitucionalidad y de que el potencial perjuicio a la minoría parlamentaria justifique suspender una votación.