Díaz eleva la presión de Unidas Podemos sobre Sánchez para que los socialistas no frenen la ley trans

Díaz equiparó la importancia de esta norma con la de la reforma laboral, porque «concede derechos y recupera derechos a personas que hoy son privadas de ellos». Si bien la vicepresidenta evitó referirse a las prácticas del grupo parlamentario socialista, así como a la posición del presidente del Gobierno, cabe interpretar su intervención como una reclamación a Pedro Sánchez para que desbloquee la norma, como ya hizo para posibilitar que el texto del Ministerio de Igualdad comandado por Irene Montero llegara al Consejo de Ministros pese a los recelos de parte del Gobierno. Junto a ello, una de las principales opositoras a la ley trans, Carmen Calvo, salió de la vicepresidencia primera en la remodelación del Gobierno mediados de 2021, días después de que la norma recalara en el consejo en primera vuelta.

Con todo, la norma tardó un año más en remitirse al Congreso. Ayer también y desde las filas de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens fue incluso más explícito. El presidente del grupo parlamentario afirmó que Calvo, hoy presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso por la que debe pasar la ley, «le ha metido un gol» a Sánchez con el retraso en la tramitación. Un movimiento, aventuró Asens, que el presidente posiblemente ni conociera.

En una entrevista reciente, Calvo volvió a emitir críticas a la ley trans, atribuyéndole la capacidad de «destrozar toda la legislación de igualdad» de género si llegara a entrar en vigor. Con la convicción de que los socialistas, que lo niegan, están paralizando el avance de la norma, Asens instó a Sánchez a que ponga orden y agilice la ratificación del texto ya consensuado en el seno del Gobierno.

Las primeras sospechas que miembros de Unidas Podemos transmitieron sobre la intención del grupo socialista de retrasar la aprobación se convirtieron en realidad el martes cuando el voto del PSOE se unió al del PP y al de Vox para ampliar el plazo de presentación de enmiendas parciales a la norma hasta el próximo 26 de octubre. Ese mismo martes, la histórica activista Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid durante una década solicitaba su baja del PSOE en protesta por las maniobras que observa para ampliar los plazos de enmiendas hasta diciembre, el riesgo así de que no se apruebe en esta legislatura y los amagos de recortar el texto que fue aprobado en Consejo de Ministros.

La portavoz del Gobierno, la socialista Isabel Rodríguez, salió al paso ayer para defender que una ampliación de los plazos en el trámite de la ley «no es algo tan dramático», ya que es una práctica que se produce de forma muy recurrente. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicesecretaria del PSOE, respaldó el aumento del plazo para presentar enmiendas a la ley trans y aseguró que en el 99% de las tramitaciones se hace. Lo justificó en que los periodos de enmiendas «son cortos» y que «hay leyes muy importantes en las que los grupos quieren trabajar cuestiones». Rodríguez hizo énfasis en su respaldo a la ley trans en su totalidad y con el texto literal que se aprobó en el Consejo de Ministros.

Lo que causa controversia de la ley es la autodeterminación de género; es decir, que sea posible el cambio de sexo en el DNI y en el registro sin informes médicos ni tratamiento, solo en función de la identidad de género que se sienta. Parte del feminismo alega que el género no es una identidad, sino un rol impuesto socialmente, y que admitirlo así perpetúa la desigualdad. La polémica ha alcanzado tal volumen que hasta Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, se manifestó al respecto. Ribera se mostró partidaria de conciliar los intereses de las asociaciones feministas y los de las personas trans en la futura ley.

La Mesa del Congreso acordó la tramitación de urgencia de la norma e Igualdad se marcó el objetivo de que se apruebe antes de fin de año. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, expresó su extrañeza por que el PSOE apremiara y ahora pida una ampliación del plazo. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, calificó de «muy agresivas» todas las leyes trans porque «niegan el sexo a las personas, las confunden y las llevan a situaciones dolorosísimas que van a pagar siempre».