Aragonès y Esquerra exigen también la reforma del delito de malversación

«Es una cuestión que tenemos que abordar en la tramitación en el Congreso y en el Senado», señaló. Las enmiendas que propone ERC tratarán de «revertir» la reforma del delito que aprobó el PP en 2015. Los beneficiados serían los condenados por malversación durante el juicio del 'procés' (Junqueras, Turull, Bassa y Romeva) o la treintena de ex altos cargos del Govern que están pendientes de juicio por su participación en el 1-O.

Por ejemplo, los dirigentes de ERC, Josep María Jové o Lluís Salvadó, colaboradores de Junqueras durante 2017, están acusados por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos. El objetivo de los republicanos con el cambio legal es evitar que entren a la cárcel. Puigdemont, acusado de sedición y malversación, también podría ver mejorada su situación procesal. ERC querría la derogación de la reforma introducida en 2015, que penalizó igual la malversación por enriquecimiento que la que causa un perjuicio para el patrimonio. «Lo que no era delito el 9-N pasó a ser delito en el 1-O, hay que revertir esa situación», aseguró Aragonès.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, también presionó este lunes a los socialistas con el delito de malversación, pero desde otra óptica. El líder republicano, en El Periódico, vinculó la posibilidad de pactar los Presupuestos catalanes con el PSC al hecho de que los socialistas se avengan a reformar este delito. Junqueras va levantando el veto a la formación liderada por Salvador Illa. Aragonès, en cualquier caso, mantiene su objetivo, de entrada, de acordar las Cuentas autonómicas con Junts y los comunes. Ese es el plan inicial. Porque Junts, tras romper con ERC y salir del Govern, apuesta por una oposición dura. Y se está mostrando muy crítico con la reforma del Código Penal acordada por los republicanos. «Parece redactada por Marchena», afirmaron este lunes los junteros.

El presidente de la Generalitat está en una situación complicada en la política catalana. De momento, está solo apoyado por los 33 diputados de ERC (sobre 135) y la reforma del Código Penal que ha pactado con Pedro Sánchez ha recibido fuertes críticas en el ámbito del independentismo. Junts, la CUP, la ANC y Ómnium, en diferentes grados, han mostrado su rechazo. Aragonès tuvo que salir este lunes al paso de las críticas y advirtió de que con el cambio legal «nadie» en el independentismo «estará peor» que hasta ahora.

A su juicio, el acuerdo para derogar la sedición y sustituirla por el delito de desórdenes públicos agravados «reducirá el margen discrecional de los jueces». «No es el 100% de lo que queríamos (la amnistía), pero esto es una negociación», se justificó ante quienes en el independentismo creen que la ampliación del delito de desórdenes públicos es un paso adelante en la persecución del derecho a la protesta y la criminalización de la disidencia política y transforma el 1-O y las movilizaciones en delito, según argumentan Òmnium Cultural y la ANC. Los republicanos piden a la parroquia secesionista que se opone que para decir si la reforma acordada es buena o mala lo hagan en comparación con el Código Penal actual. ERC considera un logro haber pactado la supresión de un delito que tiene 200 años pero en el resto del nacionalismo no lo ven igual.