El PP propone descuentos por 2.900 millones para familias y pymes que reduzcan su consumo energético

En la carta de Alberto Núñez Feijóo al presidente del Gobierno que acompaña al documento, el líder popular reconoce que España «vive una situación económica extremadamente compleja» y que es «consciente» de que «muchas de las dificultades vienen dadas por el incierto panorama internacional», para acto seguido afirmar que está seguro de que «la respuesta que se ofrezca desde las administraciones públicas incidirá decisivamente en los efectos que esta crisis tendrá sobre las familias, los trabajadores y las empresas de nuestro país». «La gravedad del momento requiere respuestas ágiles, medidas valientes y la responsabilidad de todos», añade.

Feijóo también aprovecha para recordarle al Gobierno que el PP «ha demostrado tener capacidad de presentar iniciativas útiles al Gobierno y a los ciudadanos», en referencia a la bajada del IVA de la luz y del gas, cuya paternidad se atribuyen los populares. «El documento que le envío pretende ahondar en este espíritu constructivo y en un camino de reformas coherente con la actuación de otros países en nuestro entorno, así como de las instituciones europeas», prosigue Feijóo, que abre la puerta a «negociar» la «implantación» de las medidas que se proponen en el plan.

El líder popular no desaprovecha la ocasión para transmitir que «echa de menos» que el Gobierno no haya presentado al PP ningún plan que recoja las actuaciones que ha acometido en estas semanas para poder realizar sus «alegaciones de manera más efectiva».

Por la mañana, durante su intervención ante la prensa, Bravo se ha quejado de que las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno sean obligatorias y, como alternativa, y en línea, ha dicho, de lo defendido por Bruselas, el PP plantea una reducción voluntaria del consumo usando como incentivos los descuentos y las bonificaciones en la factura de la luz. Ésa es la medida estrella que ha querido vender el Partido Popular.

El documento, he explicado Bravo, propone una escala progresiva de rebajas en la factura eléctrica tanto de particulares como de las pymes según cuál sea el ahorro energético que efectúen a partir del mes de noviembre en comparación con las cifras de un año antes. La reducción de la factura partiría del 5% en la electricidad y del 10% en el gas si el consumo baja entre un 3% y un 7%, y el descuento podría alcanzar el 20% en la factura de la luz y el 40% en el gas para ahorros energéticos superiores al 15%.

De acuerdo con los cálculos efectuados por el PP, si se logran reducciones en el consumo de entre el 7% y el 15%, el ahorro total de las familias y las empresas podría alcanzar los 2.900 millones de euros.

Bravo también ha planteado que esa reducción del consumo podrá contribuir a la rebaja del precio de la luz y, a continuación, al descenso de la inflación. Según ha precisado, un recorte de un punto en la inflación equivale a 20.000 millones de euros en ahorros vinculados a las actualizaciones ligadas al IPC. Con que la inflación se redujera en 0,25 puntos, ha dicho, ya serían mayores los ahorros que el gasto que supondría abonar los ahorros de la factura.

Pero el vicesecretario económico popular no ha sabido precisar cómo será el procedimiento para aplicar los descuentos en la factura ligados a la reducción del consumo de hogares y empresas. En principio, las compañías aplicarían la rebaja y el Estado les reembolsaría la cantidad correspondiente, bien con los recursos extra que está obteniendo por la subida de la luz, bien con los ahorros que supondrá la rebaja de la inflación que se espera gracias a los descuentos.

En cuanto al instrumento técnico concreto para llevar a cabo el descuento, Bravo sólo ha afirmado que las compañías comercializadoras están muy avanzadas en las cuestiones digitales, pero ha admitido que sí hay que estudiar cómo se realizaría la transferencia «mejor en una mesa de diálogo».

Esta medida, como también algunas de las aprobadas por el Gobierno, tiene la particularidad de que no discrimina a los beneficiarios por nivel de renta, se planea aplicar a todos los consumidores por igual, al margen de su situación económica. Y puede darse la circunstancia de que los hogares más vulnerables ya cuenten con un consumo de electricidad muy ajustado y, por tanto, tendrían menos posibilidad de beneficiarse de esta rebaja adicional de la factura. Bravo ha aclarado que el descuento en la factura sería compatible con ser beneficiario del bono social.

El Partido Popular, a través de su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, también se ha pronunciado sobre la votación que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados este mismo martes para la toma en consideración de la figura extraordinaria que los grupos parlamentarios de Unidas Podemos y el PSOE han diseñado para gravar los llamados «beneficios caídos del cielo» del sector energético.

Bravo ha afirmado, en referencia a este nuevo tributo, que «de entrada, sí a todas las medidas que rebajen el precio de la luz», pero ha afirmado que eso es algo que este impuesto «no hace». El vicesecretario de Economía del PP ha añadido que «de entrada, no» a medidas que implican que el dinero, en lugar de estar en «las casas» vaya a «la caja». «Este impuesto no va a reducir la factura, ese dinero va a la caja», ha insistido, para recordar que el exceso de recaudación de la Agencia Tributaria este año asciende a los 16.500 millones de euros.

El popular también se ha quejado de que el nuevo gravamen no pese sobre los beneficios extraordinarios del sector energético, dado que se calcula sobre la facturación.

En cuanto a la defensa del impuesto sobre los beneficios caídos del cielo que realiza Bruselas en los últimos tiempos, Bravo ha explicado que la prioridad europea es poner un tope al precio de la energía: «Lo que plantea es eliminar los beneficios extraordinarios, con lo que ya no procedería un impuesto». El tributo, ha planteado, procedería en los precios que no se pueden topar, como el petróleo.

Bravo ha añadido que ahora mismo que Europa está analizando medidas, «no parece muy lógico que mañana se presente algo que está siendo objeto de debate, a no ser que se quiera ir por libre».

El vicesecretario también se ha referido al impuesto de la banca, manifestando que está en contra de que a los ciudadanos les repercutan estos impuestos, «y todo parece indicar que se verán repercutidos». «La solución no puede ser más impuestos y menos libertad», ha zanjado.

Juan Bravo ha explicado que en el plan hecho público hoy «no hay críticas» al Gobierno, «no hay cuestiones que puedan dar a conflictos», y que su posición es la de lanzar propuestas para llegar a acuerdos. También ha querido dejar claro que las medidas están sujetas al proceso de negociación que se está desarrollando en el seno de la Unión Europea. Y ha señalado que incluye medidas a corto, a medio y a largo plazo.

Además de recordar propuestas que ya enumeró el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el debate de la semana pasada en el Senado, como la creación de una AIReF energética, el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares o el impulso a las renovables eliminando los cuellos de botella en su desarrollo, también se extendió sobre una iniciativa para la reducción del precio del CO2 o sobre una eventual suspensión temporal de los derechos de CO2, siempre que esta medida fuera acordada en el conjunto de la Unión Europea.

Bravo también ha abundado en la necesidad de «nuevas fórmulas de fijación de precios», pero en el ámbito europeo, que sería también el contexto en que defiende la intervención del precio del gas.