Defensa encabeza las ampliaciones de crédito al margen de los Presupuestos

Con ello, la inversión en Defensa de este año hasta la fecha supera los 12.300 millones de euros y roza el 1% del PIB de 2022, asumiendo un crecimiento de la economía este año de un 4% respecto a 2021, tal y como indican las previsiones de los principales organismos. Sin los créditos adicionales, tomando exclusivamente la cifra que los Presupuestos le reservan, los recursos para Defensa quedarían limitados a una cifra equivalente al 0,8% del PIB.

Hay que retroceder en el tiempo nada menos que hasta 2015 para encontrar ampliaciones de crédito para Defensa superiores a los 2.000 millones de euros. Y desde ese ejercicio de nuevo hay que retrotraerse hasta 2012 para volver a toparse con una cifra semejante. En esos años, la inversión presupuestaria en Defensa equivalía a alrededor de un 0,55% del PIB. Las ampliaciones de crédito al margen de lo aprobado en las cuentas públicas llevaban el total de la inversión en estas políticas hasta el entorno del 0,75% del PIB.

El compromiso del presidente del Gobierno con sus socios de la OTAN es llevar el peso de Defensa hasta el 2% del PIB antes del año 2030. Ello no implica estrictamente duplicar la cifra que se acumula este año hasta el cierre del mes de julio, los 12.000 millones de euros: hay que tener en cuenta que el PIB también varía y lo normal es que en diez años sea superior al actual, por lo que la inversión real se tendrá más que duplicar desde los niveles actuales. Aquí reside uno de los principales escollos en la negociación de los presupuestos para el año que viene, puesto que Unidas Podemos no comparte el objetivo de incrementar el gasto militar, dado que considera que existen otras prioridades para el gasto.

Las partidas más importantes de los créditos extraordinarios han ido destinadas a otros departamentos y a otros fines distintos a Defensa en los últimos años, lo que es muestra de que las cuestiones sobrevenidas al margen de lo previsto en los presupuestos de cada ejercicio (o respecto a las cuentas prorrogadas) han tenido muy variado cariz.

De hecho, las materias en las que se ha tenido que ampliar el presupuesto en los últimos años por esta vía extraordinaria reflejan las eventualidades a las que se ha tenido que enfrentar la economía. Por ejemplo, en 2021, la mayor partida suplementaria fue a parar a 'otras relaciones financieras con entes territoriales'. Fueron más de 7.100 millones de euros ligados a la financiación extra desde el Estado central a otros niveles de la Administración. El año anterior, las mayores necesidades sobrevenidas surgieron en Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que necesitaron cerca de 40.000 millones adicionales a los consignados en los Presupuestos, como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia, que multiplicó los recursos necesarios para hacer frente a los ERTE y a otras prestaciones extraordinarias que se diseñaron para trabajadores, autónomos y empresas.

Los tres ejercicios previos, las mayores partidas de créditos extra se destinaron a la deuda pública: más de 11.200 millones de euros en 2019; 15.000 millones en 2018; y cerca de 5.000 millones en 2017. Hay que retroceder hasta 2016 para encontrar de nuevo el protagonismo de Defensa como primera destinataria de las modificaciones de crédito.

Pero, en lo que llevamos de 2022, la ampliación de las partidas presupuestarias es la más discreta desde el año 2017. Hasta el mes de julio, última cifra disponible, alcanzan un total de 8.518 millones de euros. Este volumen contrasta con los casi 19.000 millones de euros registrados en el año 2021 y, sobre todo, con los más de 76.000 millones de 2020, el ejercicio en que más impacto económico tuvo la pandemia, y en el que, a los 40.000 millones adicionales destinados a paliar sus efectos en trabajadores y en el tejido productivo, hay que sumar los 16.000 millones que se inyectaron a las Comunidades Autónomas. Antes de ese ejercicio, el de mayor empleo de estas herramientas presupuestarias había sido 2013, cuando las ampliaciones de crédito superaron los 50.000 millones, de los que las políticas de Economía y Competitividad fueron responsables de más de 38.000 millones de euros.