El PP amenaza con denunciar en el TC que el Gobierno «secuestra» al Congreso

Esas mismas fuentes del PP han enumerado varios ejemplos que, a su juicio, dan muestra de las «intromisiones» que está cometiendo el Ejecutivo en otros poderes, en particular en el legislativo. La primera de esas «argucias» es el «abuso» que atribuyen a Moncloa en el empleo de la figura del Real Decreto-ley. Si consideran que ello estaba justificado durante la pandemia, denuncian que lo que debería ser extraordinario, ya se ha convertido en algo habitual. Observan en esa práctica los «tics autoritarios» del Gobierno. Y denuncian que el Congreso de los Diputados, en lugar de ejercer su competencia de legislador, se ha convertido en un mero convalidador de las normas que aprueba el Consejo de Ministros. Se quejan de que la Cámara ahora sólo puede decir «sí o no».

El PP recuerda este viernes que muchas de las convalidaciones que la Cámara efectúa con los reales decretos-ley están sujetas a su tramitación como proyectos de ley. De hecho, hay muchos votos a favor de la convalidación que son tales a cambio de su tramitación como proyecto de ley. Pero, según denuncian los populares, en la Mesa del Congreso, donde los partidos del Gobierno tienen mayoría, la tramitación se bloquea y se impide que se cumpla el mandato del legislativo. Con ello, consideran que se «secuestra la actividad de la Cámara» y se impide que los diputados puedan mejorar las normas.

Ello, afirman, a la larga, lo que supondrá es que cuando acabe la legislatura, los Reales Decretos-ley aprobados en Consejo de Ministros se habrán convertido en leyes sin haber respetado la voluntad de la Cámara, que había votado su tramitación como proyectos de ley.

La tercera acusación que el PP vierte contra el Ejecutivo es que éste, en ocasiones, en lugar de presentar proyectos de ley, lleva al Congreso proposiciones de ley a través de sus grupos parlamentarios, como ha sucedido, por ejemplo, con los nuevos gravámenes sobre la banca y el sector energético. De esta manera, denuncian en el PP, el Gobierno elude la presentación de los informes preceptivos con los que tienen que llegar a la Cámara las iniciativas legislativas del Ejecutivo.

Los nuevos gravámenes, al no haber sido iniciativas gubernamentales, sino de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, no tienen que incorporar los informes del Banco de España o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Lo mismo denuncian que ha sucedido con la ley de eutanasia o con iniciativas del PSOE y Unidas Podemos relativas a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Asimismo, lamentan que el Ejecutivo pida la tramitación de sus leyes por la vía de urgencia, una práctica, afirman, en la que sobre todo incurren los ministerios a cargo de políticos de Unidas Podemos, con ejemplos como la ley trans, la ley del aborto o la de bienestar animal. La tramitación urgente supone que los debates en torno a esas normas se realizan de manera muy acelerada y sin que la sociedad tenga la oportunidad de participar. Tampoco así se deja tiempo para que se presenten los informes de los órganos que tienen que pronunciarse sobre las normas que promueve el Gobierno.

También han observado que hay leyes que se remiten a las comisiones a las que no les correspondería. Por ejemplo, la propuesta de modificación del Código Penal que conlleva la ley de bienestar animal. A su juicio, en lugar de debatirse en la Comisión de Derechos Sociales, debería tratarse en la de Justicia. Acusan al Ejecutivo de coalición de estar formado por «dos gobiernos»: «Desde los ministerios de Podemos se impulsan cuestiones de ministerios que son del PSOE».

El Partido Popular ya ha presentado escritos a la Mesa del Congreso para que se paralice la tramitación de la ley de salud sexual y reproductiva, la ley de bienestar animal, la del aborto y la ley trans hasta que se presenten los informes preceptivos, se oiga a los agentes sociales afectados y, por tanto, para que se renuncie a la vía de urgencia para negociarlas.

El PP también ha propuesto tratar esta cuestión en la junta de portavoces del próximo martes. Las fuentes populares no descartan ninguna medida y han advertido de que si «hay que ir al Tribunal Constitucional, iremos».

Las mismas fuentes populares señalan que el Gobierno, con estas prácticas, está actuando como si tuviera mayoría absoluta y está también, de facto, sustituyendo al poder legislativo. Advierten también de que de legislar bien depende la seguridad jurídica de las normas y del conjunto del país.