«Afrontaremos las políticas de China que distorsionan la economía global»

Aunque el G-7 asegura que sus políticas «no están diseñadas para dañar a China ni buscan impedir su progreso económico y desarrollo», aboga por «reducir los riesgos de la excesiva dependencia de nuestras cadenas de suministro críticas», pero no «desacoplarse».

Con dicho fin, establecerá una Plataforma de Coordinación sobre la Coerción Económica que vigilará las inversiones en China para impedir que tecnología más avanzada pueda ser utilizada de forma militar. Entre los sectores más sensibles destacan los semiconductores, las baterías y los minerales críticos.

Junto a estas medidas económicas, el G-7 alerta sobre cuestiones políticas como los derechos humanos y las libertades en Xinjiang, Tíbet y Hong Kong, al tiempo que pide a Pekín que «presione a Rusia para que detenga su agresión militar y se retire de Ucrania de forma incondicional, completa e inmediata». De igual modo, advierte a China sobre la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y aboga por un «Indopacífico abierto y libre», rechazando «cualquier cambio unilateral y por la fuerza del statu quo».

Intentando competir con la influencia de Pekín en los países en vías de desarrollo gracias a su músculo económico y a iniciativas como las Nuevas Rutas de la Seda, el G-7 prometió «movilizar 600.000 millones de dólares a través de la Alianza para la Inversión Global en Infraestructuras». Entre los primeros destinatarios de estos proyectos de transportes y energía eólica figuran la India, Vietnam, Filipinas, Bangladés y Egipto. Frente al avance de regímenes autoritarios como China y Rusia en el mundo en desarrollo, el G-7 no solo propone sus valores democráticos y de libre mercado, sino también una lluvia de millones.

El Ministerio de Exteriores chino protestó contra esta declaración y acusó al G-7 de interferir en asuntos internos como Taiwán, la isla independiente «de facto» cuya soberanía reclama.