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Se avecina huelga de educación en la Comunitat. El Secretariat Nacional del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), sindicato mayoritario de enseñanza, ha dado el visto bueno a la convocatoria de una huelga general en la enseñanza pública no universitaria a finales del mes de mayo, con el fin de «frenar las políticas de recortes» de la Generalitat.
El organismo, reunido en la mañana de este viernes, ha analizado el resultado de las asambleas comarcales celebradas para decidir la convocatoria de un paro general que, mayoritariamente se han mostrado favorables a la acción. El sindicato trasladará ahora la decisión a la Plataforma per l'Ensenyament Públic para que la movilización sea compartida por toda la comunidad educativa.
STEPV considera que hay que convocar esta huelga para «frenar las políticas educativas que está implementando el gobierno valenciano y la Conselleria de Educación, frenar los recortes iniciados en la enseñanza pública y forzar la negociación de una plataforma reivindicativa que mejore las condiciones laborales del profesorado y la mejora de los centros educativos y de la enseñanza pública».
Entre los motivos de la protesta, el sindicato alude a la futura ley «que se anuncia como de libertad educativa», aunque, a su parecer, «niega la libertad de negociación de los miembros de la comunidad educativa para encontrar soluciones en los problemas de la educación y la convierte en una ley atenta contra el derecho a la negociación colectiva».
Además, STEPV rechaza la modificación del decreto de admisión que incorpora el distrito único «segregador y la posibilidad que sean los centros los que eligen el alumnado, hecho que perjudica la enseñanza pública porque facilita que las familias con más recursos eligen la concertada y, por lo tanto, recortes de unidades en la pública»; la propuesta de ley de «libertad educativa, que solo pretende arrinconar el valenciano a la enseñanza»; o «los recortes en la enseñanza pública ya han empezado a evidenciar, en el Plan Edificant de construcción de centros públicos y en el recorte de idiomas en las escuelas de idiomas, mientras se incrementa el presupuesto de la concertada».
Igualmente, critica «la intención de la Consellería de dedicar inversiones solo en el sector privado, como la etapa infantil 0-3 años, mientras recorta las inversiones en la red pública; y que la nueva ley no afronta temas preocupantes entre el profesorado como la eliminación del exceso de burocracia, mejorar las retribuciones del profesorado, dotar los centros del personal especializado necesario para atender la salud mental del alumnado, reducir las ratios o mejorar la salud laboral».
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