El móvil en las aulas de Alicante: debate entre la prohibición o una mayor autonomía para los centros

El libre uso de los teléfonos móviles en los centros educativos de la Comunitat tiene los días contados. La Conselleria de Educación, lejos de optar por la prohibición, ya ha anunciado que definirá los usos específicos de estos dispositivos en las aulas, con tal de hacer frente a situaciones de acoso escolar. Todo apunta a que Educación podría aplicar la norma en 2024, pero antes espera nutrirse de las aportaciones de la comunidad educativa para definir el marco regulatorio.

La norma tendrá que ir en consonancia con lo que dicte el Ministerio de Educación, desde donde ya han propuesto a las comunidades autónomas prohibir el uso de los móviles por parte de los estudiantes en todos los colegios e institutos del país, al menos durante el horario escolar. La única salvedad que se plantea por el momento a la educación secundaria y Formación Profesional, donde se podría usar los dispositivos siempre que el profesorado los autorice bajo su supervisión y solo para desarrollar contenidos pedagógicos.

Las fuentes de la comunidad educativa consultadas por TodoAlicante aplauden el afán regulatorio de la administración pública, aunque no acaban de mostrar un consenso respecto a su plasmación.

Algunos colectivos de ampas piden directamente la prohibición de estos dispositivos en las aulas. Es el caso de la Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunidad Valenciana (Covapa), cuya presidente, Sonia Terrero, habla de «discriminación» si el dispositivo va a ser exigido con fines educativos. «No todas las familias pueden asumir el coste de un terminal para sus hijos. Si un docente reclama esa tecnología para el desarrollo de su clase, debería ser el propio centro quien facilitara los dispositivos». 

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Terrero también recuerda la voluntad de algunos padres por no permitir el uso de móvil entre sus hijos antes de cierta edad, lo que también dificultaría su uso generalizado con fines educativos. Dando por buena la inminente regulación, la también secretaria general de la FAPA Gabriel Miró hace especial énfasis en el control al que deben estar sometidos los móviles, con tal de evitar usos «indebidos», como pueda ser el acceso a redes sociales.

Desde las organizaciones sindicales sí que abren la puerta a los móviles en las aulas previa regulación, aunque no todas coinciden en el grado de autonomía que deben tener los consejos escolares o las direcciones de cada centro.

Desde el sindicato ANPE apuestan por una regulación más flexible, que se pueda adaptar a la realidad de cada centro. Así lo considera la responsable de acción sindical de la entidad para la provincia de Alicante, Susana Honrubia, quien pide que se respete la «autonomía» de cada centro para adaptar la norma a la realidad socioeconómica de su alumnado. 

«La prohibición no sería más que un parche si no se acompaña de otras medidas: Cabe hacer una labor pedagógica e inculcar un uso responsable de la tecnología», asegura la docente, quien también pide mayores recursos para los centros públicos con los que -entre otras cosas- reducir las ratios y poder asegurar el correcto cumplimiento de la norma que está llamada a regular la convivencia en el sistema educativo de la Comunitat. 

Otras voces piden una regulación más rígida con la que evitar que cada centro actúe de una forma determinada y que se produzcan agravios comparativos. Para José Seco, presidente de Educación de CSIF CV, se requiere una norma «sencilla de aplicar y entender, porque en caso contrario podría plantear dificultades para su plasmación». A su vez, hace énfasis en la importancia de basarse en informes pedagógicos y en el consenso de la mesa de negociación con los sindicatos para dar el acabado final a la regulación.