El trasvase Júcar-Vinalopó, una infraestructura hídrica reclamada por la provincia de Alicante desde 1420, va a reactivarse de manera definitiva antes del verano. Los primeros desembalses se producirán en mayo y, con este caudal, se regarán 65.000 hectáreas de cultivos y abastecerán 44 ... municipios de la provincia, incluidos Alicante, Elche y Benidorm.
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El Consejo de Ministros aprobará después de Semana Santa el convenio de gestión directa con Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), según ha anunciado este martes en Alicante el director general del Agua, Teodoro Estrela. Este documento se trasladará a la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó para su ratificación definitiva a finales de este próximo mes de abril.
El convenio ofrece el uso y explotación de los caudales a través del trasvase Júcar-Vinalopó de manera estable por un periodo de diez años de manera progresiva, desde los 9 hectómetros cúbicos que se transportarán este 2023 hasta los 34 hectómetros cúbicos fijados para 2032. El Gobierno ya marcó en febrero un precio de 24 céntimos por metro cúbico para esta transferencia.
Este aporte adicional permitirá clausurar numerosos pozos sobrexplotados que, hasta el momento, eran el único recurso con el que contaban numerosos agricultores de todo el Vinalopó, desde Aspe hasta Villena. Los caudales llegarán a través del Acueducto desde el azud de la Marquesa, en Valencia.
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Permitirán salvar importantes cultivos de la provincia, como la uva embolsada del Vinalopó en Aspe y Elda. Todo con un precio asumible por los regantes y que no supondrá un coste extra para el erario público. El Ministerio de Hacienda se hará cargo del montante que sobrepase este límite de 24 céntimos por metro cúbico durante los próximos cinco años, cantidad que se reembolsará en el siguiente lustro.
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Hasta ahora, el trasvase Júcar-Vinalopó, incluido en el Plan Hidrológico Nacional del PP en 2001 y terminado en 2011, ha sido infrautilizado. El cambio de toma de Cortes de Pallás al azud de la Marquesa lo convirtió en inviable económicamente. Impulsar el agua a 800 metros de altura a través de estaciones de bombeo consumía demasiada energía y encarecía el precio final del metro cúbico.
Por eso, tan solo se ha usado en situaciones de emergencia, con riegos de socorro de 6 a 8 hectómetros cúbicos para salvar los cultivos en épocas de máxima sequía. En 2022 se firmó un primer convenio que permitió la llegada de 13 hectómetros cúbicos, si bien no era definitivo hasta ahora.
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Pero la tecnología ha salvado el trasvase. El Ministerio de Transición Ecológica invertirá cerca de 100 millones de euros en la construcción de cuatro plantas fotovoltaicas que suministren energía a las estaciones de bombeo. Los usuarios de la Junta Central presentaron este proyecto realizado por la Universidad Politécnica de Cartagena al Ministerio, que lo aprobó y va a poner en marcha aprovechando el Plan de Resiliencia de la Unión Europea.
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De hecho, ya están presupuestadas las cuatro instalaciones fotovoltaicas, que se licitarán tras la firma de ese convenio de gestión directa para que estén operativas en 2028. Con estas plantas solares se producirá el 80% de la energía necesaria para transportar el agua desde la desembocadura del Júcar hasta los campos del Vinalopó. Esto va a abaratar hasta precios razonables el coste del agua para los agricultores.
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De esta forma, se utiliza una infraestructura en la que el Gobierno de España ha invertido 400 millones de euros, más otros 100 ahora para la instalación de fotovoltaicas. Estos 500 millones de euros servirán para cerrar los acuíferos del Vinalopó, garantizarán el caudal de la mayor comunidad de regantes de Europa y el abastecimiento de tres cuartas partes de la provincia de Alicante. Un dinero, al final, bien empleado.
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