Jesualdo Ros, secretario general de Provia

«Si queremos reactivar la vivienda pública, las licencias se tienen que tramitar en dos meses»

Ana Jover

Alicante

Lunes, 8 de enero 2024, 07:27 | Actualizado 07:41h.

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La vivienda se ha convertido en una cuestión capital. Las dificultades para obtener hipoteca o el aumento sobre los materiales, entre otros, provocaron durante 2023 un seísmo permanente. El anuncio de reactivar la promoción pública reabrió una ventana entre el empresariado promotor que sigue liderando el turismo residencial.

En este convulso escenario, donde el consumidor sufre los alquileres imposibles, la Asociación de Promotores de la Provincia de Alicante (Provia) barrunta un panorama más complicado y anticipa un mercado donde se hace 'casi imposible' promover un parque público con la actual legislación.

-El Consell aprobó a final de año la modificación de la disposición final segunda del Decreto 80/2023, del 26 de mayo, sobre las normas de diseño y calidad en edificios de vivienda con el objetivo de ampliar el plazo de su entrada en vigor, que ahora se establece para el 2 de febrero de 2025, ¿qué supone este cambio para el sector?

-Desde nuestro punto de vista, estamos ante un decreto ideológico que trata de imponer la forma de vivir en cada vivienda, sin que haya mejoras para el sector ni el ciudadano. En realidad, lo que generará es un incremento del precio de la construcción, sin que ello suponga ninguna mejora en la calidad de las viviendas. De hecho, establece exigencias en cuanto a diseño y equipamiento –por ejemplo, la pila de lavar en la terraza– que encarecerán la construcción.

Esto lo único que va a suponer es que sea imposible cumplir el compromiso del presidente de la Generalitat de construir 10.000 viviendas de VPO, porque hace inviable construir una sola por el incremento de los costes.

-¿Qué han mejorado los promotores en sus procesos para ser más sostenibles en estos últimos años?

-Los promotores hemos introducido cambios en los últimos años para minimizar la huella de carbono de nuestra actividad en dos sentidos. Uno, durante el proceso de construcción, con nuevos sistemas de tratamiento y recuperación de materiales; dos, en el proceso útil de uso de la vivienda con materiales más sostenibles, una mejora en la eficiencia energética por el diseño de la vivienda y elementos de calefacción y refrigeración menos contaminantes, como la aerotermia y el uso de la energía solar.

Nuestro sector, que incluye la construcción y el uso de la vivienda, representa el 30% de las emisiones. Conscientes de que tenemos una responsabilidad, el sector inmobiliario hace años que ha tomado medidas por convencimiento como por exigencia del mercado: el cliente también demanda nuevos modelos constructivos más sostenibles y ecológicos.

-El actual gobierno de la Generalitat puso sobre la mesa la reactivación de la vivienda pública. En un momento en el que los precios de los materiales oscilan tanto, ¿lo ve factible?

-No sólo factible, sino que es una exigencia que las autoridades (autonómicas y estatales) deben atender. La vivienda es un bien, pero también es un derecho. Eso en el sector lo tenemos claro. Y también tenemos claro que la responsabilidad de la vivienda pública es de la administración. Pero para ello, se deben tener en cuenta varias cuestiones. Como punto de partida, es necesario ofrecer más celeridad en la puesta en el mercado de suelo público, tanto de la Generalitat como de los municipios, que permita más oferta y más oportunidades.

Además, hay que avanzar en la nueva reglamentación de la vivienda pública, realizando los ajustes necesarios en cuestión de precio para las rentas medias, puesto que en caso contrario las empresas no son capaces de realizar vivienda para este segmento de la demanda. Y, por último, otra de las cuestiones esenciales para el sector –si de verdad queremos reactivar la vivienda pública– es lograr un mecanismo donde la administración cumpla con la ley y logre tramitar las licencias en un plazo de dos meses.

-¿Cómo ha afectado este hecho (aumento de precios) en 2023 en las promociones?

-A los promotores nos ha obligado a ser más conservadores. En un principio, la guerra de Ucrania y el incremento de precios de energía y de materiales hizo peligrar muchos proyectos, tanto los iniciados como los proyectados. Es verdad que, en la provincia de Alicante, el mercado tiene un funcionamiento diferente al de otros territorios, tiene un potencial muy consolidado y una diversificación en la demanda que nos hace más resistente que en otros lugares. Pero, en general, se ha superado la incertidumbre que ha generado los precios y los tipos de interés. Y lo que entendemos que viene es una normalización, frente a campañas de grandes resultados, como la de 2022.

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-Por otro lado, está el aumento de intereses en hipotecas, ¿ha retraído al comprador?

-Cuando hablamos de comprador no podemos ceñirnos a un único perfil. Hay un comprador que se siente perjudicado, y que tiene unas necesidades concretas y unos recursos concretos. A clientes de rentas más bajas, el daño que le genera, tanto para el pago de la hipoteca como para poder disponer de una, es brutal. Pero, el mercado de la Costa Blanca tiene muchos y diferentes clientes.

En general, para la promoción de la Costa Blanca que mira al mercado extranjero, ha habido salida de los productos puestos en el mercado. La provincia de Alicante y su sector promotor es muy competitivo. Uno de los mejores de toda Europa y puede seguir siendo atractivo en precio y calidad para mercados muy interesantes, frente a otros destinos de nuestro país y con capacidad para competir con otros países como Grecia, Turquía, Italia, etc. de nuestro entorno próximo.

-En resumen y estando a un escaso mes de cerrar el año, ¿qué balance se puede hacer?

Creo que, con todas las dificultades que hemos pasado, este año ha sido un buen ejercicio. Si lo comparamos con 2022, seguramente nos equivocaremos porque ese año fue excepcional. Lo que entiendo es que estamos en un proceso de normalización de la construcción, de los precios y de los niveles de venta. No creo que entremos en crisis, sino desaceleración hacia la normalidad. Ahora bien, como hemos dicho antes, es necesario atender a una parte del mercado que tiene excepcionales dificultades para acceder al mercado de la vivienda. Hace falta una política clara en materia de vivienda pública que cuente con el sector.

-La provincia de Alicante siempre ha visto en el comprador extranjero una fuente de riqueza, ¿seguimos siendo la tierra dorada para el mercado exterior?

Sin duda. Somos uno de los destinos preferidos por los extranjeros para vivir y trabajar según organismos como Forbes. En los últimos estudios de mercado Alicante es una de las ciudades top para los expatriados para residir y trabajar en España. Nuestra tierra ofrece ventajas muy interesantes para el foráneo, y nuestros productos tienen unos niveles de calidad excepcionales a precios muy competitivos. Esto es fruto de la fuerte profesionalización que generó la crisis financiera e inmobiliaria de 2008. Lo que nos permite seguir siendo, siempre y cuando sigamos haciendo las cosas bien las empresas y las administraciones, un mercado atractivo para europeos y compradores de otros continentes.

-También está la administración local, los desarrollos parecen paralizados en las grandes localidades. ¿Es correcta esa apreciación? ¿Dónde se está comportando mejor?

-En el ámbito local tenemos un problema común: la dilatación de plazos. La Administración en general usa unos tiempos y unos niveles de respuesta que no se adecúa a las necesidades de las empresas ni del mercado. Y eso genera pérdida de oportunidades, riqueza, empleo, etc… Es necesario acometer una reforma de los procedimientos administrativos para que, sin reducir el control y las garantías, permita más agilidad en dar respuesta al sector de la promoción. Una situación que afecta en general a la administración local, falta de medios humanos.

-Contar con un Ministerio de Vivienda, ¿es una buena noticia para el sector? ¿Cómo la valora?

-Nuestra experiencia nos dice que cuando se han tomado decisiones en materia de vivienda desde el gobierno central ha sido para empeorar la situación. Hace unos cuatro años, el anterior ministro de la Vivienda, prometió la construcción de 20.000 viviendas públicas en régimen de alquiler, y la realidad es que no se ha iniciado ninguna. Tampoco se entiende, y no genera confianza, avanzar en la Ley de Vivienda en mayo, pocas semanas antes de la convocatoria de las elecciones generales, que ha generado la salida de miles de viviendas del mercado de alquiler y aumentando el precio del alquiler en toda España.

Así que, nuestra experiencia es que cuando se ha centralizado las decisiones en un Ministerio la situación ha empeorado. Y, además, nos tememos que puede ser muy nocivo determinada legislación sobre arrendamiento y alquiler turístico. De cualquier modo, siempre hay que dar un voto de confianza y comprobar con hechos si un Ministerio del sector es o no es útil para todos los agentes involucrados en el mismo, y para atender intereses y objetivos comunes.

-A corto plazo y con la vista puesta en 2024, ¿qué necesidades tiene el sector?

-Nosotros hemos manifestado nuestra preocupación en materia de nuevas regulaciones y exigencias normativas en materia de Turismo Residencial. Estamos convencidos del enorme impacto negativo que tendrá la prohibición a los propietarios extranjeros a alquilar su vivienda la temporada que no la están ocupando. Esto contraerá el mercado de la vivienda, y supondrá una gran merma de la actividad en otros sectores vinculados como el ocio, la restauración y el comercio.

En cuanto al proyecto de construcción de 10.000 viviendas de VPO era necesario revisar el decreto, que es lo que se está haciendo, pero se debe tener en cuenta la normativa de diseño y las exigencias para el cliente en renta media, ajustando el precio de acceso a este segmento del mercado. Además, en consonancia con los anuncios del propio presidente de la Generalitat, es fundamental abordar la cuestión de las licencias para la construcción. O agilizamos en la tramitación o se pierden oportunidades.

Como última cuestión que planteamos a la Conselleria es la necesaria adaptación de la Estrategia de Territorial de la Comunidad Valenciana. Esta es una cuestión prioritaria, puesto que el documento se remonta a 2007, y entró en vigor en 2011. Un documento que debería ser revisado cada cuatro o cinco años, pero al que no se la he hecho ninguna adaptación, un hecho que impide la modernización y el desarrollo de la Comunidad Valenciana, pero que tiene un fuerte impacto en la provincia, especialmente en la comarca de la Vega Baja.