El proyecto de ley de acompañamiento incluye deducciones en el IRPF por nacimientos, adopciones y acogimiento

El pleno del Consell ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat de 2025, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos, promueve nuevas medidas fiscales sociales destinadas a las familias como la ampliación de las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento, así como beneficios tributarios para apoyar a los sectores pesquero y agrícola.

En esta ley, ya aprobada como anteproyecto en octubre, se duplican y hasta triplican las deducciones fiscales previstas en el tramo autonómico del IRPF por nacimientos, adopciones y acogimiento familiar, puesto que se eleva la cuantía en función de las cargas familiares.

Según el Consell, el paquete de medidas fiscales previstas en este apartado, dirigido a beneficiar a rentas medias y bajas, favorecerá a alrededor de 41.900 personas con un ahorro global cuantificado en diez millones de euros para límites de renta de 30.000 euros anuales en las declaraciones individuales y de 47.000 euros en las conjuntas.

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Gracias a estas medidas, los actuales importes de la deducción por nacimiento o adopción pasarán de los 300 euros actuales a los 600 euros si se trata del primer hijo o hija, 750 euros en el caso del segundo y 900 euros en el supuesto del tercero y sucesivos.

Estas mejoras se trasladarán a la deducción por acogimiento familiar, con independencia de su régimen, de forma que se incluirá la guarda con fines de adopción. En este caso, se estima que se beneficien casi 1.300 contribuyentes con un ahorro de unos 216.300 euros.

Las familias acogedoras disfrutarán de otras deducciones del tramo autonómico del IRPF que hasta ahora estaban limitadas a otras modalidades de familia. Se podrán beneficiar de la deducción por nacimiento o adopción de una persona con discapacidad, la deducción por custodia no ocasional en guarderías y centros de primer ciclo de educación infantil de menores de 3 años, la deducción por conciliación del trabajo con la vida familiar y la deducción por adquisición de material escolar. En este caso, el impacto estimado es de 48.423 euros para cerca de 600 contribuyentes.

El proyecto contempla la eliminación de dos tasas que gravan al sector pesquero en la Ley 1/1999 de Tarifas Portuarias. Se trata de la bonificación de la totalidad de la tarifa 'G-4: Servicios a la pesca fresca y acuicultura marina' y de la exención del pago de la tarifa 'G-2 buques' para estancias en los puertos autonómicos. Se pretende respaldar al sector ante el alza de precios y la bajada del volumen de capturas.

Con esta medida se benefician 15 cofradías con un total de 377 buques de pesca con base en los puertos de la Generalitat, con un impacto económico de casi 824.000 euros.

Como novedad, la ley incluye una rebaja fiscal del 60% para las compras de parcelas con vocación agraria realizadas por titulares de una explotación registrada que no cumplan los requisitos para ser considerados agricultores profesionales. Se reduce del 10% al 4% el tipo que grava estas operaciones en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para impulsar el relevo generacional, con la estimación de un impacto de 2,6 millones de euros.

Los proyectos de interés autonómico (PIA) definidos por el nuevo decreto-ley de simplificación administrativa tendrán una bonificación específica del 50% del impuesto correspondiente a los actos jurídicos documentados, entre otras medidas de estímulo. Se pretende reforzar la atracción de grandes inversiones.

Por último, en el ámbito de las medidas fiscales se mantiene en 2025 la congelación del canon del agua vigente en 2024. El número de abonados está en torno a tres millones.

Se modifican la Ley 21/2018 de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana para suprimir la figura de las mancomunidades de ámbito comarcal, «en aras de la simplificación y claridad administrativa», y la Ley 8/2010 de Régimen Local para suprimir los preceptos relativos a los consorcios locales al considerar obsoleta esta regulación.

Otro de los cambios está en la Ley 5/2023 contra el Despoblamiento para variar los criterios de zonificación del riesgo y priorizar a los municipios que cumplan con los requisitos previstos de cohesión social y territorial.

Se modifica la Ley 3/2019 de Servicios Sociales para lograr «una mejora continua», con la posibilidad de delegar la gestión de los servicios sociales de atención secundaria en las entidades locales. Se pretende favorecer la creación de plazas municipales y descentralizar el servicio para así reducir listas de espera.

En esta línea, se cambia la Ley 19/2017 de la Renta Valenciana de Inclusión para ampliar el modo de abono a los medios prepago, con la intención de dar cobertura a personas vulnerables.

En Sanidad, se modifica la Ley 10/2014 de Salud para reforzar la defensa de los intereses de los consumidores. Se establece que corresponde a la Generalitat la vigilancia e intervención frente a zoonosis, brotes epidémicos y situaciones de riesgo, así como frente a enfermedades prevalentes, emergentes y reemergentes.

Se cambia la Ley 4/2021 de Función Pública Valenciana para crear un nuevo cuerpo de administración especial de tecnología sanitaria dentro del grupo profesional A1.

En el ámbito cultural, se modifica la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano y del Decreto 107/2017 por el que se aprueba el reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas. El objetivo es descentralizar las competencias en favor de los pequeños municipios.

Por otra parte, se adscribe a la Conselleria de Justicia la Unidad Valenciana de la Concordia, prevista en la Ley 5/2024 de Concordia, y se configura como un departamento que gozará de autonomía funcional.

Se modifica la Ley 14/2010 de Espectáculos Públicos con la introducción de una nueva obligación de los titulares: devolver a los destinatarios el importe total de las entradas ante la suspensión sin causa justificada de un evento.

En Agricultura, se modifica la Ley 5/2019 de Estructuras Agrarias para facilitar procesos, se abre la posibilidad a que los procesos de reestructuración parcelaria sean iniciados por ayuntamientos y se autoriza a la Conselleria a declarar de interés general obras agrarias.

Se introduce una modificación en la regulación de la cadena alimentaria para permitir que un responsable de Conselleria pueda incoar expedientes sancionadores y designar al funcionariado instructor.

En Comercio se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, aprobado en 2019, para incrementar las sanciones hasta un millón de euros para productos que no cubran las garantías mínimas de seguridad. Se pretende proteger a los consumidores y luchar contra la competencia desleal de países no miembros de la Unión Europea con productos piratas.