El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, y su consejero delegado, César González Bueno, telefonearon este martes por la tarde al jefe del Consell, Carlos Mazón, para comunicarle la decisión de la entidad de abandonar Alicante como sede social. Fue una llamada de cortesía y también de compromiso, el de mantener intactas la plantilla y la red de oficinas en la Comunitat Valenciana pese al regreso formal a Cataluña.
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Mazón conocía así de primera mano lo que ya empezaba a circular por los mentideros económicos, un movimiento que saltó a la palestra pública poco después cuando la noticia fue avanzada por ABC, del grupo Vocento, el mismo al que pertenece TodoAlicante. Para el máximo responsable del Gobierno valenciano, la marcha del Sabadell supone todo un jarro de agua fría, igual que para el empresariado y los poderes institucionales alicantinos, que se habían volcado en el apoyo a la entidad vallesana frente a la OPA hostil de BBVA.
Aun así, la reacción del presidente de la Generalitat y de su gabinete fue comedida, sabedores de que la libertad de mercado y empresa prevalecen en este caso: «El Consell no puede más que respetar la decisión de la empresa en el ejercicio de su libertad para fijar su sede donde considere», señaló en un escueto comunicado a última hora del martes.
En el mismo texto hacía hincapié en que «la prioridad absoluta para el Consell es garantizar el mantenimiento del empleo y el negocio de esta entidad financiera en nuestro territorio, así como el flujo del crédito a consumidores, pymes e industrias, y así se le ha requerido a los representantes de Banco Sabadell», explican fuentes del Gobierno valenciano.
Los directivos del Sabadell trasladaron a Mazón que la marcha del domicilio social en nada altera su «compromiso con la Comunitat Valenciana y su tejido económico», que «se mantiene intacto», según exponen fuentes de Presidencia de la Generalitat. Además, también garantizaron que «ni la red de oficinas ni los puestos de trabajo en la Comunitat en absoluto están afectados por esta decisión».
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Pero lo cierto es que Alicante pierde su entidad financiera de referencia, la que tomó el relevo de la extinta CAM, absorbida en su día por el propio Sabadell. Los recelos iniciales fueron vencidos y, como proclama el propio presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, la firma catalana pasó a ejercer como el banco del territorio.
Todo eso ahora queda en el aire. Y a nadie escapa que la política tiene mucho que ver con lo ocurrido, y más aún con lo que está por venir dentro de la guerra silenciosa que libra el Sabadell para garantizar su supervivencia, amenazada por una eventual fusión con BBVA. No es lo mismo contar con aliado con el socialista Salvador Illa, con hilo directo con la Moncloa, que con el popular Carlos Mazón, cuando el Gobierno central encabezado por Pedro Sánchez tendrá la última palabra antes de que salga adelante, o no, la operación de absorción bancaria.
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Pese a todo, el Ejecutivo autonómico ha querido restar dramatismo al anuncio del Sabadell recalcando que «la Comunitat Valenciana sigue siendo un territorio atractivo para el establecimiento de inversiones que generen riqueza y empleo». Y lo argumenta con el hecho de que con el actual Consell, según sus datos, se hayan consolidado en la Comunitat proyectos estratégicos que suponen 7.000 millones de euros de inversión y 9.000 puestos de trabajo.
Por último, destaca que el Ejecutivo autonómico «continuará trabajando y adoptando medidas que favorezcan el establecimiento de nuevos proyectos industriales mediante palancas como una política fiscal atractiva, la estabilidad institucional y la seguridad jurídica».
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