El Gobierno de coalición salva con la ley de vivienda su último gran pacto pendiente

A estas alturas, y vista la dinámica de confrontación interna en la que han entrado los socios de la coalición, sacar adelante la ley de vivienda resultaba capital para Pedro Sánchez, empeñado en transmitir la idea de que, pese a la exteriorización de desavenencias graves -la más evidente y profunda, la que afecta a la ley del 'solo sí es sí'-, el PSOE y sus aliados son capaces de forjar acuerdos cuando de lo que se trata es de afrontar uno de los problemas más acuciantes para la sociedad española. «Han sido más de 800 las enmiendas presentadas a la norma que salió del Consejo de Ministros y se han transaccionado unas 400», subrayó en una comparecencia desde Marbella el portavoz socialista, Patxi López, para evidenciar su voluntad de entendimiento.

La semana próxima se producirá en el Congreso la votación definitiva de la reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que los socialistas pretenden sacar adelante con el PP, y la foto será la de la fractura del bloque de investidura. Pero el acuerdo en vivienda aspira a tener algo de superador de esa imagen de quiebra coyuntural. Y como gesto hacia quienes han sido sus principales apoyos durante toda la legislatura, el PSOE dejó ayer que fueran ellos, ERC y Bildu, por un lado, y los morados, grandes impulsores de la ley, por el otro, los primeros en exponer el pacto alcanzado y en colgarse las medallas.

El camino para consumar este pacto incluido en el acuerdo de coalición ha sido arduo. Empezó en otoño de 2020, con un tira y afloja entre José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, y Ione Belarra, aún secretaria de Estado para la Agenda 2030, y ha concluido dos años y medio después. El último escollo fue la cifra del tope a los precios del alquiler para la renovación de contratos. Finalmente, será del 3% solo para 2024 -como marcó la vicepresidenta primera, Nadia Calviño- y se revisará año tras año, nunca por encima del IPC. En 2023, seguirá estando en el 2%, según decretó el plan anticrisis por la invasión de Ucrania. «Ha sido la negociación más difícil de toda la legislatura, y teniendo en cuenta cómo ha sido la legislatura, es mucho decir. Hoy pierden los fondos buitres; las casas son para vivir, no para especular», se felicitó ayer Belarra.

Para que una zona sea considerada tensionada deberá cumplir una de dos condiciones: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos (frente a los cinco propuestos por el Gobierno) por encima del IPC en los cinco años anteriores.

La satisfacción de las partes, al menos en público, era ayer máxima. «Por fin se regula el alquiler y se pone coto a las subidas descontroladas. Estamos ante un acuerdo importante, de enorme trascendencia en lo social y lo político por cómo mejorará la vida de los ciudadanos», defendió en el Congreso el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, junto a la diputada del Grupo Republicano, Pilar Vallugera.

La parlamentaria de ERC desgranó otros aspectos de la norma como que la consideración de gran tenedor de vivienda baja de los diez a los cinco inmuebles siempre que estos se encuentren en la misma zona tensionada; que los gastos y honorarios inmobiliarios deberán ser abonados por el propietario; o que la fecha exacta de los desahucios tendrá que ser comunicada previamente. «Esto no se parece en absoluto a lo que se pactó en el Consejo de Ministros», se vanaglorió.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, otro de los negociadores del Gobierno, también se sonrió, ufano, en un acto en Leganés: «Qué larga se le va a hacer la legislatura a la derecha, más larga que un día sin pan», ironizó.