Los empresarios ponen en duda el impacto del acuerdo PSOE-Junts sobre el retorno de sociedades a Cataluña

El más directo y claro en la respuesta ha sido el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, quien ha advertido al Gobierno que «no entra dentro de sus competencias decidir si una empresa debe situar su domicilio social o fiscal es una región u otra«. »Lo que tiene que hacer el Gobierno es trabajar para generar un escenario de igualdad de oportunidades, estabilidad y seguridad jurídica para favorecer el desarrollo empresarial y, de este modo, el empleo y el progreso económico y social. Y con decisiones como esta, está recorriendo el camino contrario», ha declarado.

Desde la CEV, han cuestionado: «¿Qué tipo de incentivos se les va a dar a las empresas?». Los empresarios consideran que, en aquel octubre de 2017, «no salieron por falta de estímulos, salieron por el mal clima generado». Desde entonces, la patronal considera que «han tenido oportunidad de establecerse en otras comunidades que ofrecen mayor estabilidad».

«El acuerdo alcanzado no frena el anhelo soberanista de Junts. Y, en cualquier caso, que las empresas que huyeron de Cataluña vuelvan no es una decisión que pueda tomar el Gobierno. Depende única y exclusivamente de cada empresa», argumentan desde la Confederación.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio alicantina ha ido un paso más allá y ha lamentado que «Pedro Sánchez plantee la creación de un modelo de financiación ad hoc para Cataluña es una burla y un menosprecio hacia al resto de regiones de España y hacia sus ciudadanos, especialmente en el caso de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante, castigadas por un modelo de financiación que nos perjudica y maltratada en cuanto a las inversiones del Estado».

La autonomía empresarial es una cuestión que comparte el Banco Sabadell, el gran aterrizaje societario que se vivió en la provincia de Alicante. Y es que el banco ha querido poner distancia desde que se conoció el documento y no se salió del guión: «el tema no está sobre la mesa».

Esta pauta continúa impertérrita desde hace seis años, porque no es la primera vez que se abre este melón. De hecho, el presidente de la entidad, Josep Oliu estuvo en Alicante el pasado junio como invitado de la Asamblea de Ineca, e insistió en que la cuestión no planteaba.

Las entidades de referencia (Sabadell y CaixaBank) anunciaron su salida de Cataluña pocos días después del referéndum. La sede social del Banco Sabadell se fijó en la avenida Oscar Esplá rápidamente, porque el Consejo de Administración fue rápido y gestionó de manera previa esa opción.

En ese momento, la fijación tuvo sus consecuencias económicas y el departamento de Estudios de Ineca publicó a finales de 2017 que la provincia alicantina había alcanzado su cifra récord de recaudación del IRPF de los últimos diez años y el Impuesto de Sociedades «registró un incremento del 24,7 %, ya que pasa de recaudar el 1,98% del total nacional en el 2016 al 2,47 % en el 2017».

Entre los motivos apuntados, «posiblemente la llegada del Banco Sabadell explique buena parte de esta variación. De hecho, la recaudación por Impuesto de Sociedades en Alicante se ha incrementado un 33,1 %, mientras que en el conjunto de España el aumento se queda en un 6,8 %».

Dentro de la denominada «fuga de empresas», hay que tener en cuenta que fueron muchas grandes marcas las que se marcharon, pero también otras tantas pymes. La Comunitat Valenciana fue la segunda autonomía que más empresas recibió procedentes de Cataluña detrás de Madrid. Según los datos del Colegio de Registradores, la comunidad catalana perdió 4.498 sociedades mercantiles entre octubre de 2017 a diciembre de 2020. En concreto, se marcharon 7.007 y llegaron 2.509. Un total de 828 eligieron Valencia, Alicante y Castellón. Cerca del 30 % recalaron en la provincia alicantina.

Empresarios consultados por Todo Alicante hablan de que el pacto no deja de ser un documento de «intenciones». La mayoría muestran prudencia porque la tensión que se vive en calles y foros políticos aconsejan esperar y, sobre todo, «no calentar el ambiente». Entre los apuntes que se hacen, destacan dos cuestiones: qué clima fiscal se van a encontrar en Cataluña y qué estabilidad jurídica se da.

En cualquier caso, los empresarios alicantinos y valencianos tendrá la posibilidad de testar las impresiones del propio presidente del Banco Sabadell pronto, pues Oliu ha confirmado su asistencia al acto organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) el próximo 16 de noviembre en Madrid para reivindicar el Corredor Mediterráneo. Y no es la primera vez que acude a apoyar esta iniciativa que da de pleno en el eje prioritario de clientes del Sabadell.

Una respuesta también destacable ha sido la del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El barón socialista, muy activo durante el proceso de defensa de la amnistía, ha coincidido con la CEV en la respuesta.

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha considerado que la posibilidad de que las compañías que cambiaron su sede social de Cataluña a otros territorios vuelvan a esta comunidad «forma parte de la capacidad de decisión de las empresas, no de los gobiernos».

Puig ha insistido en que este tipo de decisiones «las toman las empresas» y que «las que han venido han estado muy confortables entre nosotros». «Toda la conexión que han tenido durante este tiempo ha sido extraordinariamente positiva», ha señalado.

De hecho, ha destacado que su gobierno generó «un espacio de diálogo y de comfortabilidad» en la Comunitat Valenciana que espera que continúe bajo el actual ejecutivo del PP y Vox. «Nosotros no hicimos nada para que estas empresas vinieran a la Comunitat Valenciana, pero ante la oportunidad de que se trasladaran, les dimos todas las facilidades y generamos un espacio de confortabilidad, diálogo social y capacidad de atraer inversiones», ha detallado.