La Diputación recurre la decisión del Supremo de continuar con el hachazo al trasvase

Continúa así la lucha de la Diputación contra la reducción de caudales del canal que provee a la mayor parte del campo alicantino. La institución presidida por Toni Pérez ha vuelto a recordar los perjuicios «económicos, sociales y medioambientales» que traerá consigo la decisión del Gobierno central.

El escrito, interpuesto por los Servicios Jurídicos provinciales ante la misma sala de los Contencioso-Administrativo que dictó la sentencia, argumenta que la decisión de no poner freno a este recorte «vulnera la labor ponderadora que debe realizar el tribunal para dilucidar la adopción de medidas cautelares», medidas que, según esgrime el recurso, «no causaban daño correlativo a la cuenca del Tajo y que respondían a una razón de indudable urgencia».

Desde la Diputación son conscientes de que es «muy difícil» que este recurso salga adelante, aunque Pérez ha asegurado que «vamos a agotar todas las vías posibles y no vamos a escatimar ningún esfuerzo para defender los intereses de la provincia de Alicante».

El presidente de la institución provincial ha recordado que el trasvase Tajo-Segura «es vital para esta tierra y su futuro» y expone que este recorte provocará pérdidas de más de 2.400 empleos y unos 84 millones de euros.

En esta línea se ha mantenido la diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, quien ha vuelto a criticar la «arbitraria y sesgada posición del Gobierno de Pedro Sánchez». Añade que la decisión tomada con el trasvase «condena a muerte una infraestructura que garantiza la supervivencia de miles de familias alicantinas».

El recurso presentado por la Diputación expone que el auto impugnado se apoya en una serie de razonamientos «contrarios a derecho y que vulneran la propia jurisprudencia del Supremo». De esta manera, recuerdan que la suspensión cautelar «no condiciona la eficacia de la norma en el sector que se aplica», ya que solo afecta a la inmediata entrada en vigor del incremento del caudal ecológico de 6 a 7 m3/s, calificado en el recurso como «excesivo e injustificado».

La Diputación se escuda en que los informes técnicos muestran que «no hay justificación que avale la cantidad fijada para este incremento» y aduce el daño que provocará en la cuenca receptora, en este caso la del Segura, que verá como la merma asciende hasta los 28 hm3/año. El recurso de reposición mantiene que estos perjuicios «no son fácilmente reparables», por lo que la no adopción de la suspensión cautelar dificulta de manera notable la efectividad del fallo.

De hecho, el presidente sostiene que las medidas reparadoras y compensadoras previstas en el Real Decreto, además de su «incierta aplicación», se dilatarían en el tiempo «por la propia tramitación administrativa», convirtiéndolas en «ineficaces».