La batalla política enturbia la percepción de independencia del Banco de España

Sin embargo, el reciente vencimiento de mandatos en la institución ha reactivado las suspicacias en torno a esa presión en la designación de altos cargos en una institución que, desde 1995, cuenta con una Ley de Autonomía propia para garantizar su independencia.

Siguiendo la norma no escrita de designación de consejeros -y que hasta ahora suponía uno de los pocos pactos alcanzados entre Moncloa y PP-, el Gobierno designó a Judith Arnal, ex jefa de Gabinete de la vicepresidenta, Nadia Calviño, en sustitución de Carmen Alonso, nombrada en su momento también por el PSOE.

La polémica estaba servida por su marcado perfil de partido. Pero estos días se ha disparado después de que el consejero promovido por el PP para sustituir a Fernando Eguidazu, haya presentado su dimisión apenas seis horas después de ser designado.

La decisión de Antonio Cabrales, con una acreditada carrera profesional y un marcado perfil técnico, se produce después de que el diario 'The Objective' publicase que su nombre había aparecido en una lista de firmas de apoyo a Clara Ponsati, exconsejera de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, huida a Bruselas junto a Carles Puigdemont tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Una actuación que choca frontalmente con las prioridades del PP, que en el momento de la elección de Cabrales desconocía este hecho.

El asiento vacío abre así una brecha en la institución, rompiendo con esa tradición de pacto entre las partes al primar el interés político frente a la capacidad técnica del designado. Según esa norma no escrita, el Ejecutivo propone al gobernador del Banco de España y la oposición al subgobernador. Los seis consejeros son designados, tres por el partido de Gobierno, dos por la oposición y otro con la denominada cuota catalana.

Economía confía ahora en que el PP resuelva «cuanto antes» el nuevo nombramiento. Pero el malestar es absoluto con la formación azul. Fuentes del PSOE critican la presión que habría ejercido la oposición sobre Cabrales tras conocerse su apoyo al independentismo, pese al demostrado perfil profesional y técnico del economista, que habría optado por no entrar en la guerra política y acelerar su dimisión.

Las fuentes ligadas al proceso indican que, en principio, no hay plazos para que el PP ofrezca un nuevo nombre, pero coinciden con Economía en en que «intentarán hacerlo rápido». Por su parte, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, indicó este lunes que cree que «no habrá problema» para acordar con el Gobierno la sustitución de Cabrales.

Bravo quiso agradecer, de hecho, que Cabrales dé un paso atrás si considera que una situación que hizo a título personal puede afectar o generar tensión «como él dice». «Le dignifica mucho y solo podemos darle las gracias como españoles», ha subrayado el vicesecretario de Economía del PP.

Aunque Bravo ha destacado su perfil técnico «muy interesante y adecuado», también ha reconocido que no sabe lo que hubieran hecho desde la formación de haber conocido previamente los hechos que presuntamente precipitaron la renuncia de Cabrales. En este sentido, reactiva la guerra política al criticar la propuesta de Judith Arnal por parte del Gobierno, por ser una persona muy vinculada al partido.

A la espera de conocer el nuevo nombramiento, lo cierto es que la batalla política amenaza con enturbiar la percepción pública de independencia que el Banco de España se ha ganado en los últimos años. O, al menos, de evitar la guerra de partidos que sí se vive en otras instituciones. Y todo a pesar de sí han existido otros momentos en los que este perfil de autonomía ha sido también cuestionado (sin ir más lejos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez fue gobernador entre 2006 y 2012, tras formar parte de diversos gobiernos socialistas).

Ante este escenario, no sería de extrañar que el actual gobernador, Pablo Hernández de Cos, retome aquel discurso de 2020 en el que ya reclamó ante el Congreso dar un mayor peso al Parlamento en la elección de los consejeros. Algo que, tal y como defendió entonces, «redundaría en una mayor percepción pública de independencia y legitimidad de los responsables, y repercutiría positivamente en el prestigio de la institución, la confianza que transmite a los ciudadanos y el buen desempeño de sus funciones».