La banca recurre el impuesto extraordinario del Gobierno

Las entidades financieras impactadas por esta figura tributaria -las grandes, fundamentalmente- han interpuesto sendos recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional impugnando la Orden Ministerial por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen a la banca, según apuntan fuentes del sector a este diario.

La norma, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sacó adelante a finales del año pasado, establece que en el caso de la banca aplicará una tasa del 4,8% sobre el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras que en el año 2019 hubiesen ingresado más de 800 millones de euros. En este caso, la tramitación del Congreso incluyó también la actividad de los bancos extranjeros con presencia en España. En el caso de los grupos consolidados, la carga solo se aplicará sobre el negocio generado en el país. Este cambio deja fuera en la práctica a las empresas extranjeras, ya que ninguna de ellas llega a los 800 millones exigidos. El objetivo del Gobierno es recaudar 3.000 millones de euros entre 2023 y 2024, es decir, 1.500 millones de euros cada año.

Durante la última ronda de resultados del sector, que presentó sus cuentas anuales, todos los grandes bancos aseguraron que harían frente a la primera parte del pago del impuesto que grava con el 4,8% los intereses (margen y comisiones netas). En su conjunto, la gran banca ganó más de 20.000 millones de euros el año pasado, un 15% más que el ejercicio anterior.

Con estos resultados, la entidad más afectada por el nuevo gravamen será CaixaBank, que espera tener que abonar ante Hacienda 400 millones de euros este año. En segunda posición se sitúan Banco Santander, que calcula una horquilla entre 220 y 230 millones, y BBVA, que aspira a tener que pagar 225 millones. Sabadell prevé pagar unos 170 millones y Bankinter hasta 100 millones, aproximadamente. Respecto a Unicaja Banco, la entidad no ha informado públicamente de la previsión que maneja sobre la cuantía que tendrá que abonar. No obstante, la estimación arroja un pago de unos 85 millones de euros.

En su impugnación, el sector no ha solicitado medidas cautelares que pueda adoptar la Audiencia Nacional para paralizar de facto el impuesto. Es decir, los bancos liquidarán la primera parte del tributo antes del 20 de febrero, el día en el que expira el plazo otorgado por la Agencia Tributaria para abonarlo.

El sector cuenta con el respaldo del propio Banco Central Europeo (BCE), que en un informe cuestionaba varios aspectos del tributo, indicando que el desembolso al que tendría que hacer frente la banca no sería proporcional a su rentabilidad. El organismo dejó entrever que la medida acabaría afectando al crédito. E incluso hizo un llamamiento al sector para que trasladase su coste al cliente. Y es que, pese a que el Gobierno asegura que vigilará que esto no suceda, una normativa de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) obliga a las entidades a trasladar todos sus costes, también los fiscales, a los nuevos créditos que se concedan.