Los lugares de la provincia de Alicante donde se ubican las viviendas prometidas por Pedro Sánchez

En principio, parece una buena idea. A mayor oferta, menor precio. Uno de los principios incuestionables de cualquier economía de mercado. Ahora, ¿cómo y dónde se encuentran estos inmuebles? ¿Serían suficientes para cumplir con la demanda que hay en zonas tan tensionadas, siguiendo la actual terminología, como Alicante?

Hay que tener en cuenta las especiales características de la provincia. Como en todos los sitios de costa, no digamos ya en las islas, el mercado inmobilario se mueve en dos direcciones: una para los habitantes y, otra, igual o más importante, que son las segundas residencias para veraneantes.

A éstas se ha sumado los últimos años la adquisición de viviendas, o edificios enteros, para el alquiler turístico. Fundamentalmente, a través de plataformas como Airbnb, que han convertido promociones enteras en una especie de apartahoteles 'on line'. Basta un paseo por el centro para comprobar cuántos bloques se dedican a esta actividad. Con pingües beneficios, por supuesto.

Todo esto ha derivado en un importante problema de acceso a la vivienda, sobre todo para los más jóvenes. El centro, y otras zonas como las playas, están imposibles de precio. No de compra, puesto que encontrar una vivienda vacía en el casco urbano es imposible, sino incluso de alquiler.

Los números no mienten. Alicante se ha convertido en una de las ciudades donde más caro es alquilar, con una media de 9,7 euros por metro cuadrado. Los precios ya están por encima de lo que costaba en prepandemia y no dejan de subir. En el último año, es la capital de provincia que mayor incremento ha registado.

La medida anunciada por el presidente del Gobierno sacará al mercado en Alicante 1.801 inmuebles, que son los que dispone la Sareb en la provincia. Para hacerse una idea, solo el año pasado se construyeron 5.768 viviendas, según los datos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Alicante (COAATIEA). No son, ni mucho menos, aquellas cifras de la burbuja inmobiliaria por el año 2008, pero sí es cierto que el sector está creciendo y va en buena línea.

La distribución de las viviendas, según la propia Sareb, es bastante heterogéneo. Es decir, no se corresponde nada ni con la población ni, mucho menos, con las necesidades de vivienda de las poblaciones. Así, por ejemplo, en la tensionada Alicante, la Sareb solo tiene a disposición 82 viviendas en la capital.

Otro ejemplo de cómo funciona la Sareb. Finestrat es el municipio de la provincia más caro para alquilar, a un precio el metro cuadrado de 13,6 euros, al ser municipio de costa, al lado de Benidorm, pero más pequeño. En esta localidad de la Marina Baixa, rentar un inmueble es un 42,6% más caro que en el 2022. Pues la empresa pública tiene 0 (cero) inmuebles disponibles.

En el lado contrario, Dénia acumula 242 casas, que supone el total de 13% de viviendas que hay en Alicante del llamado 'banco malo'. Sin ningún motivo aparente. Es decir, de media, la capital de la Marina Alta podría albergar casi un millar de personas más. En la actualidad, tiene casi 48.000 habitantes.

Volviendo a las poblaciones con mayor población, en Elche hay disponibles 69 viviendas. Entre Alicante y Elche hay una población de 571.157 habitantes, por lo que la oferta de la Sareb sería de 151 inmuebles, uno por cada 3.782 habitantes. Tampoco en las zonas de costa se cubre la necesidad de vivienda para sus habitantes. En Torrevieja, por ejemplo, están disponibles 71 pisos, mientras que en Benidorm otros 50. De media en la provincia, la oferta pública lanzada por el presidente del Gobierno sería de una vivienda por cada 1.067 alicantinos.

Otra cuestión a tener en cuenta. La Sareb se creó en 2012 y que absorbió «los activos deteriorados», según sus propias palabras, de las entidades financieras producto de los impagos por el estallido de la burbuja inmobiliaria del 2008. Son, en su mayoría, inmuebles en los que los inquilinos no pudieron pagar la hipoteca, que volvieron al banco que se las concedió y que no pudo volver a colocar al mercado.