Alicante, Elche, Torrevieja y Benidorm ya pueden multar a las viviendas turísticas ilegales

La Generalitat sigue dando pasos en firme para acabar con la amenaza de los pisos turísticos ilegales. La consellera confirmaba la mañana de este jueves que en breve se iniciarán los expedientes de 34.000 viviendas de uso vacacional para darlas de baja del registro.

Ha sido escasas horas más tarde cuando se ha firmado un convenio entre la Generalitat, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y los ayuntamientos de Alicante, Elche, Benidorm y Torrevieja, así como Valencia y Castellón de la Plana. Un manifiesto que dota oficialmente de potestad sancionadora a los consistorios locales en materia de viviendas turísticas.

Así, ha sido antes de la gran presentación por el 'Día de la Comunitat' en el estand de la Comunitat cuando se ha hecho efectiva esta firma en la que han estado presentes los alcaldes de los ayuntamientos de Torrevieja, Eduardo Dolón; de Elche, Pablo Ruz; de Alicante, Luis Barcala y de Benidorm, Toni Pérez, junto con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la consellera de Turismo, Marián Cano.

Ha sido en la plaza central donde se ha firmado este convenio que viene a materializar la intención de todos estos ayuntamientos de adherirse a la ley de la Generalitat que pretende poner coto a la proliferación de los pisos turísticos ilegales.

Así, estos consistorios alicantinos podrán, mediante su Policía Local, asumir la gestión y resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones en el sector de la vivienda de uso turístico. Así los ayuntamientos de Alicante, Elche, Benidorm y Torrevieja podrán recaudar las multas que impongan, dinero que se sumará a las arcas municipales como ingresos propios de la localidad.

En el caso de Alicante, el alcalde de la ciudad ha asegurado que el fin de este convenio «no se trata de prohibir, sino de regular y de establecer las bases de presente y de futuro para la ciudad pero, eso sí, que quede claro que no vamos a permitir ninguna ilegalidad en este terreno».

El convenio permite así continuar la línea de trabajo colaborativo que promovió en su día con esta norma la conselleria de Turismo, basándose en el apoyo de los ayuntamientos. El acuerdo contempla la cesión de competencias a los consistorios y tendrán una vigencia de cinco años, con posibilidad de prórroga por otros cinco, y podrán ser extinguidos por cualquiera de las partes mediante una notificación escrita con treinta días de antelación.

Desde la Generalitat insisten en que con esta firma, «los representantes institucionales muestran su firme compromiso con el fortalecimiento de un turismo regulado y sostenible, reforzando la colaboración interadministrativa y brindando a los ayuntamientos las herramientas necesarias para actuar de manera autónoma y eficaz en el control de las viviendas de uso turístico en sus respectivos territorios».

En este sentido el president ha secundado las palabras de la consellera en sus declaraciones previas a los medios en relación con una regulación más estricta y efectiva para favorecer «un turismo más sostenible y respetuoso con las normas locales».

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