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Los trámites con la Administración pública pueden suponer un verdadero quebradero de cabeza para muchos ciudadanos. Falta de automatización, presencialidad obligatoria, plazos que se demoran en exceso… Son algunas de las barreras que dificultan las tareas burocráticas, y por las que la Generalitat ha dado luz verde a la Ley de Simplificación Administrativa.
El texto fue aprobado el pasado 5 de diciembre en Les Corts Valencianes y este lunes ha sido publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La simplificación administrativa que plantea la ley, según expone su preámbulo, llega motivada por «un contexto económico complejo y cambiante», debido a elementos como la inflación persistente, las tensiones geopolíticas globales y los cambios en la política monetaria.
El propio texto admite que los procesos administrativos actuales son «ineficientes» e imponen «una carga significativa» sobre la Administración, algo que se traduce en la duplicación de tareas, la necesidad de manejar grandes cantidades de documentación física y la falta de automatización en muchos procedimientos suponen una pérdida de medios y de tiempo.
El decreto ley recoge en su articulado la creación de un Canal Empresa, que actuará como un portal electrónico único con información relevante para los titulares de actividades económicas, sobre los servicios y procedimientos administrativos. Este canal incorporará un sistema específico de información y tramitación guiada para iniciar una actividad económica o un establecimiento. Además, se impulsará la estandarización de los datos que se aporten a los sistemas para hacer posible el dato único y la interoperabilidad entre sistemas y organismos.
La agilización de procedimientos también promoverá que entidades colaboradoras con la Administración puedan emitir certificados, bajo el nombre de Certificación Documental Acreditada. Esta labor podrá recaer sobre los colegios profesionales, las cámaras de comercio, los organismos de certificación administrativa, así como las entidades colaboradoras previstas en la regulación sectorial correspondiente.
Los plazos máximos de notificación que sean competencia de la Generalitat también se verán afectados, con su reducción hasta los tres meses, ampliable hasta seis meses de forma motivada y con carácter excepcional, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
Entre las medidas de simplificación dirigidas a la ciudadanía se encuentra la creación de un punto electrónico único de acceso a la Generalitat que guiará a los usuarios en sus trámites.
Por otra parte, en la sede electrónica de la Generalitat se habilitará una carpeta ciudadana; un espacio personalizado donde se podrán consultar los procedimientos administrativos, comunicaciones y notificaciones. Este espacio también ofrecerá a los usuarios información sobre certificados, carnés y tarjetas personales
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Para mejorar la accesibilidad de los trámites, se pondrá a disposición de aquellas personas que lo necesiten canales de atención accesibles tanto presenciales como remotos, especialmente cuando se trate de personas mayores, personas con discapacidad o afectadas por la brecha digital.
Para ello, el personal funcionario ayudará a relacionarse electrónicamente a los ciudadanos con la Administración, también a distancia mediante sistemas de atención en remoto. En las oficinas de atención presencial de la Generalitat se facilitarán los medios técnicos necesarios, y se garantizará la posibilidad de que las personas interesadas puedan ser guiadas por personal especializado. También se habilitarán servicios de videollamada accesibles para la atención de las consultas; y para reducir la brecha digital, se realizarán acciones formativas para favorecer la inclusión digital y el uso de los servicios digitales.
La automatización de procesos también tendrá un papel relevante en la nueva legislación, por ejemplo, mediante la descarga telemática de acreditaciones, para la que no será necesario que intervenga de forma directa del personal empleado público.
Se implantará también la robotización de procesos, revisión o comprobación de datos, especialmente en los casos de tramitación masiva, para reducir tiempos de respuesta, de errores, de costes y de cargas administrativas. En este apartado también se aplicarán soluciones basadas en inteligencia artificial para procesos como la búsqueda guiada de trámites y la unificación de los mismos.
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