El Constitucional se pronunciará por primera vez sobre la crisis climática

El Tribunal Constitucional (TC) ha iniciado el primer pleito que abordará la crisis climática y sus consecuencias para la población en nuestro país. Ayer admitió a trámite el recurso de amparo presentado a mediados de este año 2024 por tres grupos ecologistas que sostienen que el calentamiento global afecta a los derechos fundamentales y que las políticas medioambientales del Gobierno español para frenarlo son insuficientes.

Al aceptar estudiar el recurso, los magistrados sentarán jurisprudencia, en uno u otro sentido, sobre un asunto inédito hasta el momento. Esta «especial trascendencia constitucional», tal y como reconocen los propios magistrados en el escrito de admisión al que ha tenido acceso este diario, ha sido uno de los argumentos jurídicos que han pesado en la decisión, ya que se plantea «un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina en el Tribunal».

El único proceso judicial que se conoce en el mundo de similares características dio lugar a una sentencia histórica el pasado 9 de abril. Entonces, la asociación de mujeres mayores de 65 años Klima Seniorinnen ganaba el recurso interpuesto ante el Tribunal Derechos Humanos de Estrasburgo, al que pidieron amparo por las políticas climáticas del gobierno suizo, que consideraban insuficientes para protegerlas del avance del calentamiento global y sus consecuencias para la salud y la vida.

El resultado de aquel proceso judicial -apoyado también por Greenpeace- fue considerado todo un hito por la influencia que podía ejercer. En palabras de Inés Díez, responsable de asuntos jurídicos de la citada oenegé, aquella sentencia «afectaría directamente al tratamiento que diese la justicia de todos los países europeos a demandas ciudadanas contra quienes no actúan frente al cambio climático con la contundencia que exigen los datos científicos».

Así ha sido. En el recurso interpuesto, también impulsado por Ecologistas e Intermón Oxfam -y otros-, se apela a aquel reconocimiento que ya hizo Tribunal de Estrasburgo al vincular derechos fundamentales y crisis climática.

Jaime Dorestes, uno de los dos abogados firmantes del recurso de amparo ahora admitido, explica que el TC tendrá que pronunciarse igualmente sobre este asunto de fondo. «Si asume la jurisprudencia de Estrasburgo y se pronuncia a favor de considerar que el cambio climático sí afecta a los derechos fundamentales, también tendrá que hacerlo sobre si el Gobierno está siendo diligente o no a la hora de proteger a los ciudadanos», advierte el letrado, ya que lo que se plantea es si ese derecho está siendo vulnerado.

La diligencia de la que habla se refiere a las políticas medioambientales puestas en marcha por el gobierno, que los demandantes han centrado sobre todo en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) del gobierno.

Los grupos ecologistas llegaron al Tribunal Supremo hace unos años para solicitar que este fuera anulado parcialmente, al considerar que los objetivos de reducción de emisiones fijados en el plan eran insuficientes para mitigar los estragos del cambio climático y frenar el incremento en 1,5 grados centígrados de la temperatura global.

El plan señalaba una reducción del 33% para 2030 y los demandantes consideran que no debe ser inferior al 55% de bajada, y con respecto a 1990, año en el que comenzaron las negociaciones del Convenio Marco de Naciones Unidas. «Más allá, este 33% de objetivo de reducción de las emisiones también se incluye en la Ley de Cambio Climático», apostilla Orestes.

Pero el Alto Tribunal concluyó que no era competente para pronunciarse sobre cómo deberían ser los objetivo señalados en el PNIEC y de ahí que la demanda haya sido redirigida hacia la protección de los derechos fundamentales.

Sobre estas políticas y si son suficientes o no se pronunciará el Constitucional en una sentencia que, «como mínimo y siendo optimistas», puede tardar alrededor de un año, valoró Inés Díez, quien recordó que de ser ganada, el Gobierno deberá tomar nota y entender que debe ser más ambiciosos con sus objetivos para proteger a los españoles.

Sea cual sea el resultado, Dorestes valoró que la admisión a trámite ya es suficiente motivo de alegría, sobre todo si se tiene en cuenta que la tasa de admisión de recursos del TC es actualmente del 0,76%. «Estamos ante un tema crucial, especialmente en nuestro país, que es señalado por la propia Agencia Europea del Medioambiente, junto con Grecia, como los que más afectados por la crisis climática en Europa», concluyó.

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