Unanimidad en Mutxamel para rechazar la subida de la tasa de basuras a la que obliga el Gobierno

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Jueves, 27 de marzo 2025, 15:43 | Actualizado 15:50h.

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El Ayuntamiento de Mutxamel ha rechazado por unanimidad de todos los grupos presentes en el pleno (PP, PSPV, Compromís, Vox y Unides Podem-EU) la ley del Gobierno de Pedro Sánchez que aumenta las tasas de basura. La Ley 7/2022 obliga a repercutir a los ciudadanos a partir del próximo 10 de abril de 2025 el coste íntegro de la recogida, gestión y tratamiento de residuos. Los grupos políticos han aprobado una declaración institucional en la que manifiestan su rechazo a la subida e inciden en el respeto a la autonomía municipal para la regulación de los tributos locales.

El alcalde, Rafael García Berenguer, ha mostrado su desacuerdo en la subida de esta tasa marcada por el Gobierno de España que «supone un ataque contra la autonomía municipal al impedir que los ayuntamientos y entidades locales hagan uso de su libertad a la hora de elegir su modelo de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, sin considerar el tamaño, población, recursos económicos o situación financiera de cada municipio«.

El regidor entiende que es «la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local la que determina que son los municipios o en su defecto las entidades locales las que deben establecer sus propios tributos». Sin embargo, continúa, «la imposición de esta normativa a los ayuntamientos supone una clara invasión de sus competencias locales».

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El pleno de Mutxamel ha aprobado esta declaración institucional tras comenzar la modificación inicial de la Ordenanza Fiscal de la tasa del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, que contempla un aumento como consecuencia de esta norma estatal de obligado cumplimiento.

La concejal de Hacienda, Felicia Aracil, ha explicado que el equipo de gobierno «ha agotado el plazo marcado con el fin de no aplicar la subida y beneficiar a la ciudadanía durante estos tres años». La subida no ha sido ahora del 100%, sino que se ha reflejado el incremento poblacional de los próximos años, lo que deflectará el incremento para que, al final, se equilibre y »la viabilidad económica del coste del servicio quede completamente garantizada».

La nueva Ordenanza Fiscal fija las cuantías de la siguiente forma, en casco urbano se pasará de 60 a 110 euros; en urbanizaciones y diseminado de 106 a 146 o 153. Aracil ha incidido en las bonificaciones que se van a aplicar «que beneficiarán a las familias monoparentales y numerosas con un 10% de descuento y en el caso de las familias en riesgo de exclusión se mantendrán las cuotas reducidas, es decir, no verán aplicada ninguna subida pagarán lo mismo que hasta la fecha». Respecto a su entrada en vigor ha puntualizado que «cuando la ordenanza se apruebe de forma definitiva su aplicación no se hará efectiva, es decir no afectará al ciudadano hasta el 1 de enero de 2026».