t.a.
Alicante
Jueves, 19 de enero 2023, 16:53
El pleno del Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad el dictamen del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas y que incluye la modificación de los caudales ecológicos del río Tajo y, ... por tanto, el recorte del trasvase.
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Además, también ha aprobado por unanimidad, entre otros asuntos, el proyecto de Real Decreto de los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas.
El informe preceptivo del alto órgano consultivo incorporará los comentarios realizados por los consejeros y será enviado este mismo jueves al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Una vez que el dictamen esté en el departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ese departamento tendrá que estudiar e incorporar al proyecto de Real Decreto los comentarios de la institución.
Así, una vez modificado el texto, los planes de cuenca para el tercer ciclo de planificación 2022-2027 se elevarán al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y posterior remisión a la Comisión Europea, con retraso, ya que España debía haberlo hecho antes de finalizar 2022. Podrían entrar en la próxima reunión del martes 24 de enero.
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El complejo expediente analizado por el Consejo de Estado sumaba en torno a 5.000 folios entre los que figura la polémica modificación de los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura, que han sido criticados por Murcia, Comunitat Valenciana y Andalucía y defendidos por Castilla-La Mancha.
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El expediente del Real Decreto llega al Consejo de Estado con todos los documentos acumulados en su tramitación y con la petición de audiencia de las citadas comunidades autónomas, que discrepan fundamentalmente del establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo y que afectan a los volúmenes de agua transferibles de esa cuenca al Acueducto Tajo-Segura.
El Gobierno remitió al Consejo de Estado su propuesta de Real Decreto y solicitó a la institución consultiva un dictamen por el procedimiento de urgencia con el fin de recibirlo antes del 20 de enero.
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El trámite recayó en la sección octava del Consejo de Estado, que preside el consejero permanente Enrique Alonso García.
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