El Supremo desestima la demanda de Asaja Alicante contra la modificación del trasvase

Asaja esgrimía como motivo principal el incumplimiento del reparto del agua establecido (un 25% para el abastecimiento y 75% para el regadío) con la norma del Gobierno central. Del mismo modo, la asociación alicantina criticaba que el Real Decreto se había promulgado sin la aprobación el nuevo Plan Hidrológico del Tajo.

Motivos que no han sido suficientes para el Supremo. El Alto tribunal ha asegurado en la sentencia recogida por Europa Press que la norma que ajusta el reparto la forman tanto la distribución como el mínimo de 7,5 hm3 para abastecimiento. Por ello, la interpretación de esta no debe centrarse solo en el perjuicio del regadío.

En este contexto, la agrupación agraria confirma a TodoAlicante que «el Supremo reconoce que hay deficiencias en ese proyecto de ley de modificación de normas, pero no de la suficiente entidad como para anular el Real Decreto».

Desde Asaja lamentan la decisión puesto que «nos trasladan la misma sentencia que en julio de 2022 sin valorar las consecuncias económicas que tendría en la provincia, tal y como expusimos en los informes y argumentación presentada». Aun así, desde la asociación aseugran que a pesar de no haber instancias superiores al Supremo, «seguiremos en nuestro empeño de defender el trasvase como pieza fundamental para el desarrollo del campo alicantino».

El Real Decreto 638/2021 publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica establece un aumento del caudal ecológico de la cuenca del Tajo desde los actuales 6 metros cúbicos por segundo a los 8,6. Esta medida afectaría a los 200 hectómetros cúbicos que recibe el Segura de media cada año mediante el famoso entramado de tubos. Una cifra que va para el campo y que se reduciría hasta la mitad, unos 100 hm3.

La gigantesca obra, que entró en servicio hace cuatro décadas estaba diseñada para transferir hasta 600hm3 anuales. Unas pretensiones lejanas a la realidad actual del trasvase, en el que los recursos que recibe el Segura se situan en tan solo 300 hectómetros, 100 para consumo y 200 para la agricultura.

Los grupos manchegos de la Red del Tajo y la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y buendía reciben de esta manera un segundo respaldo tras el que recibieron el pasado 22 julio, cuando el Gobierno de la Región de Murcia presentó una demanda.

Asaja Alicante decidió recurrir ante el Supremo el Real Decreto, alegando que el documento se había elaborado sin tener en cuenta la aprobación del nuevo Plan Hidrológico del Tajo, que todavía se está tramitando. Además, tal y como critica la asociación, la norma reduce los recursos hídricos de la provincia sin tener alternativas reales al agua trasvasada.

Y es que es imposible que los agricultores alicantinos puedan mantener un sistema productivo y rentable con los recursos actuales subvencionados. El agua desalada que proviene de Torrevieja cuesta 0,32 céntimos por metro cúbico a pie de planta, un precio que asciende a 0,50 en la entrada de la comunidad de regantes, mientras que la trasvasada apenas asciende a los 0,17 céntimos.

No es posible contar con un sistema productivo como la agricultura del Levante mediante agua subvencionada: el agua desalada cuesta 0,32 céntimos por metro cúbico a pie de planta en Torrevieja y 0,50 céntimos en la entrada de la comunidad de regantes, frente a los 0,17 que cuesta el agua trasvasada.

La asociación provincial ya advirtió en uno de sus comunicados el pasado octubre de que el trasvase cero aprobado por el gobierno llevaría a restricciones de los recursos hídricos para el sector. De hecho, la Comunidad de Regantes El Canal, ha cifrado en 400 m3/hectárea la dotación media con la que contarán los agricultores para el regadío durante el año hidrológico (1 de octubre de 2022 hasta el 31 de septiembre de 2023). El agua se cortará a las fincas que consuman más.

A pesar de la fuerte presión de Asaja Alicante, el Supremo ha desestimado la demanda. El Alto tribunal ha reconocido que la modificación en el informe elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) está bien fundada y que no se puede exigir al Gobierno que espere a la aprobación del plan hidrológico.

Así, la sentencia considera que no existe incumplimiento alguno para el Real Decreto 638/2021 que determine su nulidad, lo que supone un duro mazazo a las aspiraciones de Asaja Alicante para que la agricultura de la provincia pueda recuperar los recursos hídricos que perderá con la modificación del gobierno, que será presentado el 30 de noviembre en el Consejo Nacional del Agua.