El Ayuntamiento de San Vicente pone en marcha un plan antifraude

Se trata de un plan que permitirá garantizar que se cumplan las normas antifraude: la prevención, la detección, la corrección y la persecución en todos los órganos municipales y todo el personal que intervenga en la gestión de fondos públicos en general y los provenientes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR), en particular.

El proyecto antifraude incluye un plan de acción, resultado de la evaluación de riesgos realizada por funcionarios de diferentes servicios municipales, en el que se detallan controles adicionales para mitigar los riesgos en la gestión del PRTR.

El plan, que se aprobó mediante el decreto 6039/2022 del 5 de diciembre, cuenta con 40 medidas distribuidas en nueve apartados en el área de subvenciones y 27 en once apartados en el de contratación. El plazo de aplicación finalizará el 31 de diciembre de 2023.

Las medidas establecidas tiene que ver con la limitación de la concurrencia, la falsedad documental, el conflicto de intereses, la desviación del objeto de la subvención, el incumplimiento del régimen de ayudas del Estado, la doble financiación, el incumplimiento en materia de información, publicidad y concurrencia y la pérdida de pista de la auditoría.

Cuestiones a las que, en el caso de contratación, hay que añadir prácticas colusorias en las ofertas, como pueden ser la manipulación de la valoración técnica o económica, el incumplimiento en la formalización, el fraccionamiento fraudulento o deficiencias en la ejecución.

El alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, ha destacado la voluntad del Ayuntamiento de combatir las malas prácticas y la corrupción, demostrada en la Declaración Institucional de Lucha contra el Fraude del 29 de junio de 2022, que contó con el apoyo unánime en sesión plenaria de la Corporación.

El primer edil, ha reiterado que «trabajar por la transparencia y la limpieza de los procedimientos municipales es una una prioridad», en cumplimiento del mandato de los vecinos y las vecinas del municipio que, añade Villar, «quieren que se destierre la corrupción, seña de identidad de la política valenciana en otros tiempos».

El Plan Antifraude y de Integridad Pública establece la creación de un Comité Antifraude municipal cuyo proósito será el de definir la política antifraude, evaluar periódicamente el riesgo de fraude, diseñar las medidas de concienciación, resolver los expedientes informativos incoados e informar a alcaldía, presidencia y a las entidades y organismos pertinentes.

El comité estará compuesto por cinco funcionarios de Secretaría, Contratación, Servicios Jurídico y Administrativo de Urbanismo y área Económica Financiera. Se reunirá una vez al semestre. El Ayuntamiento también elaborará un código de conducta y principios éticos para empleados y cargos públicos y un plan de formación.

Asimismo, el documento establece las llamadas «banderas rojas» de los procedimientos como señales de alarma, pistas o indicios de un posible fraude. El objetivo es focalizar la atención sobre los principales puntos de riesgo de fraude, a través de un catálogo de 'marcadores de riesgos' de los procedimientos como el aumento del patrimonio, el trato favorable, la adjudicación de ofertas inadecuadas calidad-precio o el favoritismo inusual, entre otros.

Por último, destacar el Buzón Externo de Denuncias de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF), con quién el Ayuntamiento firmó un protocolo de colaboración en junio de 2022.

El Buzón, ya ubicado en la web municipal, se aplica en los ámbitos de contratación, subvenciones y acceso a la función pública, y garantiza la confidencialidad y protección de las personas denunciantes.