Los regantes afirman que la imposición del agua desalada es «injusta y dictatorial»

Cientos de agricultores se han concentrado este martes a las puertas del Palacio de la Moncloa como último recurso de presión mientras se reunía dentro el Consejo de Ministros. Una movilización que, a la postre, se ha devenido en infructuosa, puesto que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha conseguido aprobar el plan de cuenca del Tajo.

La asociación alicantina hace hincapié en que «la hoja de ruta de imponer por la vía autoritaria la sustitución de agua trasvasada por desalada no garantiza una seguridad mínima al campo». Entienden que una actividad tan importante como la agraria no se debería sustentar con el dinero prestado que supone el agua desalinizada subvencionada.

«La agricultura no tiene músculo para soportar más sobrecostes», declara el secretario técnico de Asaja-Alicante, Ramón Espinosa. En este sentido, añade que «suprimir una infraestructura histórica que sí nos ha funcionado, como es el trasvase Tajo-Segura, nos resta independencia y competitividad».

Por su parte, el presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu, recuerda que «ni por cantidad, ni por calidad, ni por coste económico ni por impacto ambiental, el agua desalada puede ser alternativa a la trasvasada». El agua desalada es 500% más contaminante en emisiones de CO2, sin contar el daño a costas derivado del vertido de salmuera. En cuanto al coste económico, remarca que, tras la decisión de este martes, «el agua desalada hará perder a los agricultores unos 45 millones de euros anuales si se subvenciona y 136 millones si no se subvenciona».

La asociación remarca que «los argumentos y promesas de la ministra Ribera carecen de legitimidad tras haber mentido de forma reiterada«. Aseguran que la responsable del Ministerio de Transición Ecológica crean »un clima de confusión en la sociedad que le permitiera llevar a cabo un plan que solo responde a intereses políticos y para el cual no ha tenido en cuenta las necesidades del sector agrario en ningún momento».

Sobre la promesa de constituir comisiones bilaterales con la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia para hacer un seguimiento de las inversiones en infraestructuras de desalación y reutilización, Asaja-Alicante lamenta que «ese afán de conversación por parte de la mencionada ministra no haya existido durante estos últimos años». Acusan a Ribera de tener «una actitud déspota y dictatorial».

Pero las críticas que no se quedan solo en la ministra, sino que Asaja tira por elevación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «no ha sido capaz de frenar a una ministra que ha desoído las observaciones del Consejo de Estado, las alegaciones de las Comunidad Autónomas afectadas y la voz de miles de agricultores».