Pego reclama mejor atención sanitaria para el municipio y la comarca. El Pleno ha aprobado hoy, día 5 de enero, en sesión ordinaria y con los votos a favor de todos los ediles -salvo la abstención del representante de Ciudadanos- una moción en la que se ha manifestado las discrepancias con la administración que realiza la empresa que gestiona el departamento de salud comarcal.
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Durante el Pleno se ha criticado la falta de médicos especialistas. Problema que persiste en el tiempo y que ocasiona unos efectos perjudiciales sobre la salud de los ciudadanos de la comarca, lo que provoca largas listas de espera.
En el escrito se ha hecho hincapié en la situación de la zona básica de salud de Pego, que atiende a la población de los municipios de Pego, l'Atzúbia, La Vall d'Ebo y la Vall de Gallinera.
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El pleno denuncia que la situación se ha agravado en los últimos meses, debido a que no se sustituyen -o no se hace con celeridad- las bajas o vacaciones médicas del resto de personal sanitario. Este mismo verano no se han sustituido los médicos, lo que ha demorado entre 20 y 30 días las cita con el doctor de cabecera.
La edil de Sanidad, Alicia Siscar, ha asegurado que la salud es una de las necesidades básicas para los vecinos y que no tienen el servicio que merecen. «Esperemos que los reyes nos traigan salud porque si tenemos que ir al hospital, sufriremos», ha setenciado Siscar.
Alicia iscar
Con esta moción el ejecutivo ha instado a la empresa a resolver con la máxima celeridad los problemas que perjudican a los vecinos. Además, se ha solicitado a la consellería de Sanidad Universal y Salud Pública que controle el buen funcionamiento de esta empresa, para que los usuarios reciban una atención adecuada.
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También se ha requerido una atención médica de calidad e igualdad de condiciones y que la Conselleria inicie el procedimiento administrativo correspondiente para comunicar a la empresa concesionaria la finalización del contrato, el próximo 2024.
Asimismo se ha instado a Sanidad y Salud Pública a preparar la recuperación de la gestión pública directa en las condiciones de seguridad jurídica, con el objetivo de garantizar una mejor calidad y condiciones, tanto del personal como de la atención sanitaria.
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